La condena de Le Pen es una llamada de atención: no es justicia

La reciente condena del partido de Le Pen, Agrupación Nacional , no se limita a la aplicación de la ley; es una clara señal de cómo las élites europeas instrumentalizan los tribunales para frustrar a los candidatos antisistema. La justicia debe ser imparcial, no política. Si Francia se toma en serio la democracia, necesita reformar su sistema legal para garantizar que las voces de la oposición, por muy controvertidas que sean, no sean silenciadas por la vía legal.

El 31 de marzo, un tribunal francés dictaminó que la Agrupación Nacional había malversado fondos del Parlamento Europeo para pagar a funcionarios del partido que se presentaron como asistentes parlamentarios. El resultado: una multa de 250.000 euros para el partido y penas de prisión condicional para varios líderes. Para muchos, esto se celebró como una victoria moral: la prueba de que los populistas no están por encima de la ley.

Pero seamos honestos: cuando el sistema legal sólo parece mostrar sus dientes ante ciertos políticos —precisamente aquellos a quienes más teme— tenemos un problema.

La corrupción política en Francia no es nueva. Desde Sarkozy hasta Fillon , políticos centristas y conservadores han enfrentado investigaciones y condenas. Pero la narrativa es diferente. En su caso, se trata de "errores personales" y "faltas éticas". Con Le Pen, todo se presenta como una amenaza existencial para la democracia.

Y ahí es donde radica el verdadero problema. No se trata de responsabilizar a todos los políticos, sino de eliminar a quienes desafían el sistema. Le Pen puede ser controvertida, pero representa a millones de franceses que se sienten ignorados por Bruselas, París y las élites que se alternan en el poder con una sonrisa mediática y discursos ensayados.

Y el patrón se repite en toda Europa. En Alemania, el partido AfD está bajo vigilancia constante . En España, Vox se enfrenta a recursos legales que coinciden, curiosamente, con periodos electorales. En Italia, Matteo Salvini fue llevado a juicio por "secuestro" de migrantes , y el caso desapareció sin hacer ruido. ¿Coincidencia? Cuesta creerlo.

Esto no es justicia, es la instrumentalización de la ley : el uso estratégico de la justicia para eliminar a rivales políticos. Y es profundamente antidemocrático.

Por supuesto, si el partido de Le Pen infringió la ley, debería afrontar las consecuencias. Pero la rendición de cuentas solo tiene valor si se aplica con equidad. Cuando la ley se usa selectivamente, se convierte en una herramienta de poder, y la democracia empieza a parecer un juego amañado.

Entonces ¿qué hacer?

Francia debería seguir el ejemplo de países como Dinamarca y los Países Bajos, donde los procesos judiciales que involucran a políticos son supervisados ​​por consejos jurídicos independientes, protegidos de cualquier influencia gubernamental. A diferencia de Francia, donde los fiscales más poderosos dependen del Ministerio de Justicia —una oficina política—, en estos países existe un verdadero muro de separación entre la justicia y la política.

También sería sensato crear una oficina independiente de supervisión ética y política, similar al Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido, que opere con independencia del gobierno. Estas medidas protegerían la integridad del sistema judicial y garantizarían que las decisiones judiciales no se guíen por encuestas, titulares o intereses partidistas.

Esto no es radical: es esencial para cualquier democracia saludable.

La condena de Marine Le Pen puede parecer una victoria de la justicia, pero también es una señal de alerta sobre la facilidad con la que esta puede ser instrumentalizada. Si empezamos a usar los tribunales para derrotar a los oponentes políticos en lugar de enfrentarlos en las urnas, no estamos protegiendo la democracia, sino que la estamos erosionando. Francia necesita urgentemente fortalecer la independencia judicial e impedir que los procedimientos judiciales se conviertan en armas para mantener el poder. Porque la justicia, si es realmente ciega, no puede mirar las urnas antes de dictar sentencia.