Violencia doméstica. Portugal con sanciones blandas

Un grupo de expertos del Consejo de Europa pide a Portugal que imponga una formación obligatoria a los jueces para combatir las “sanciones blandas y desproporcionadas” por delitos de violencia doméstica y sexual.

En el informe sobre Portugal, publicado este lunes, el Grupo de Expertos Independientes del Consejo de Europa sobre la aplicación del Convenio de Estambul (GREVIO) reconoce que el país ha logrado “progresos significativos” en los últimos años en la aplicación de medidas concretas para combatir la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, entiende que “se necesitan acciones urgentes en ciertas áreas” para cumplir plenamente con el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es la forma abreviada con la que comúnmente se conoce al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Se trata de un tratado internacional que tiene como objetivo proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia y discriminación, que fue ratificado por Portugal en 2013.

A pesar de los avances, el grupo de expertos pide a las autoridades portuguesas que adopten medidas para “ llenar varias lagunas en la aplicación de la Convención” y destaca como “prioritaria” la cuestión de las “sanciones leves y desproporcionadas dictadas por el poder judicial, en particular en lo que respecta a la violencia doméstica y sexual”.

“Para abordar este problema, GREVIO insta a las autoridades a introducir una formación inicial y continua obligatoria para los miembros del sistema de justicia sobre todas las formas de violencia contra la mujer contempladas en la Convención”, se lee en el documento.

En cuanto al poder judicial, los expertos sostienen que también es necesario “combatir las actitudes patriarcales aún presentes en algunos miembros del sistema judicial, que priorizan la protección de la unidad familiar en detrimento de los derechos de las víctimas”.

También destacan que “el llamado síndrome de alienación parental no debe utilizarse en procesos familiares con antecedentes de violencia doméstica”.

En cuanto a los servicios de apoyo especializados, GREVIO afirma que Portugal aún no dispone de una línea telefónica nacional dedicada a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia que funcione las 24 horas del día, los siete días de la semana, “ lo que representa una brecha importante en la implementación de la Convención ”.

Señala que se necesitan más plazas para familias en centros de acogida, pues los requisitos de la Convención apuntan a “una plaza para una familia por cada 10.000 habitantes”, y dice que es necesario aumentar la disponibilidad global de servicios de apoyo especializados a mediano y largo plazo para las mujeres víctimas.

El grupo de expertos pide a las autoridades nacionales que eliminen el requisito de que el acceso a un refugio dependa de una denuncia de violencia y que eliminen “sin demora” el requisito de que una violación debe denunciarse a las autoridades dentro de los seis a doce meses siguientes al delito “como condición previa para abrir una investigación”.

“Finalmente, GREVIO considera que también es urgente revisar los sistemas de prohibición de emergencia y órdenes de protección”, ya que, actualmente, las órdenes de prohibición de emergencia tardan 48 horas en obtenerse y solo pueden ser emitidas por un juez en el marco de una causa penal en curso, y los expertos entienden que esto “no ofrece protección inmediata a las víctimas”.

Al evaluar las medidas implementadas desde 2019, GREVIO reconoce que Portugal ha realizado “notables esfuerzos a largo plazo, invertidos en diferentes sectores”.

“GREVIO acoge con satisfacción varias reformas de la legislación penal, en particular la adopción de una definición de violación basada en el consentimiento”, afirma el informe, en el que el grupo de expertos también “ elogia los esfuerzos exitosos de las autoridades ” en el sector de la salud, en particular con los equipos de prevención de la violencia contra adultos, que existen en todos los hospitales y centros de salud del país.

También elogia las medidas de sensibilización sobre el problema de la mutilación genital femenina y “toma nota del efecto positivo en la confianza de las víctimas generado por las oficinas de apoyo a las víctimas integradas en la labor de los Ministerios Públicos”.