Un tribunal alemán sienta precedente climático pero rechaza la demanda de un agricultor contra un grupo energético
Un tribunal alemán desestimó el miércoles (28) una demanda ambiental presentada por un agricultor peruano contra la empresa energética RWE, pero sentó un precedente importante sobre la responsabilidad de las grandes empresas por sus emisiones de carbono.
El Tribunal de Apelación de Hamm, en el oeste de Alemania, dictaminó que “si existe una amenaza de daño, la parte responsable de las emisiones de CO2 puede estar obligada a tomar medidas preventivas (…) [o] a asumir los costos en proporción a su parte de emisiones”.
Esto se aplicaría incluso si el daño ocurriera lejos del productor de energía, lo que sentaría un precedente importante, dicen los defensores del medio ambiente.
El caso comenzó con una demanda presentada por el peruano Saúl Luciano Lliuya, de 44 años, quien argumentó que RWE, uno de los mayores emisores de dióxido de carbono del mundo, debería compartir el costo de proteger su ciudad natal de Huaraz de una laguna glaciar que amenaza con desbordarse debido al derretimiento del hielo.
El tribunal rechazó el reclamo específico de Lliuya contra RWE, que no opera en Perú, argumentando que “la recopilación de evidencia ha demostrado que no existe un peligro concreto para sus tierras”, y que el riesgo real se estima en menos del 1%.
El agricultor no podrá apelar y tendrá que pagar los costos del proceso.
Sin embargo, el tribunal se basó en el código civil alemán para dar la razón al demandante en el principio de indemnización por daños medioambientales, en caso de probarse.
Si se determina que existe un riesgo, “el emisor de CO2 podrá verse obligado a adoptar medidas” para evitar su materialización, indicó el tribunal.
Y si el emisor se niega a actuar, “los costos podrán fijarse antes de que se materialice el riesgo”, y el productor de energía “deberá compensar en proporción a su parte de emisiones”, añadió el tribunal.
El tribunal rechazó el argumento de la empresa sobre la gran distancia entre el lugar de residencia del demandante y las plantas, señalando que ello “no puede constituir motivo suficiente para considerar infundada la acción”.
El agricultor y las organizaciones que lo apoyan querían que RWE sirviera como ejemplo de la responsabilidad legal global que, según ellos, tienen las empresas energéticas respecto del cambio climático.
Lliuya y la ONG Germanwatch exigieron al gigante energético alemán el pago de una compensación proporcional a su participación en las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde el comienzo de la era industrial, que estimaron en un 0,38%.
Argumentaron, sin éxito, que la vivienda del peruano estaba amenazada por el derretimiento de los glaciares que rodean la laguna de Palcacocha en la cordillera central, acelerado por el cambio climático.
La primera acción judicial de Lliuya se remonta a 2015 en el tribunal de Essen, sede de RWE, donde reclamó 17.000 euros (25.000 reales) a la empresa para proteger a su comunidad de las inundaciones.
El tribunal rechazó la solicitud, pero el tribunal superior de Hamm admitió una apelación en 2017.
El fallo generó esperanzas entre los defensores del medio ambiente, que esperaban que el caso sentara un precedente para la “justicia climática global”, un concepto político según el cual los países del Norte que contaminan deben compensar a sus víctimas en el Sur.
La abogada del agricultor, Roda Verheyen, esperaba que el tribunal confirmara un principio sin precedentes: que una empresa debe ser considerada responsable de las consecuencias de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Este es “un mensaje muy importante para los tribunales de todo el mundo”, añadió Noah Walker-Crawford, investigador que asesora al equipo legal de Lliuya, y “un gran paso adelante”.
RWE sostiene que los efectos del cambio climático no pueden atribuirse legalmente a emisores específicos.
"De lo contrario, cualquiera podría demandar a cualquier otro por el cambio climático", declaró a la AFP un portavoz de la empresa energética, añadiendo que "siempre ha cumplido con todas las normas legales en materia de emisiones de CO2 en el curso de sus actividades comerciales".
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