La UE se aleja de la decisión sobre la nacionalidad portuguesa

La Comisión Europea descartó, este viernes, cualquier injerencia en la decisión del Gobierno de ampliar el plazo para obtener la nacionalidad portuguesa y aseguró que el Pacto sobre Migración y Asilo implica una mayor solidaridad entre los Estados miembros.

En respuesta a Lusa, con motivo de la visita a Lisboa del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, portavoz de la Comisión Europea, recordó que “es responsabilidad de cada Estado miembro establecer las condiciones para adquirir y perder su nacionalidad”.

En abril, el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, defendió la ampliación del actual periodo mínimo de residencia legal en el país –cinco años–, por considerar que un período tan corto, comparado con otros países europeos, tiene un efecto de llamada a los inmigrantes que buscan el espacio Schengen.

Se trata de “una discusión que queremos tener con la sociedad portuguesa”, afirmó el ministro, que ahora ha sido reelegido en el XXV Gobierno Constitucional, manteniendo la responsabilidad en materia de inmigración.

“La Comisión no interferirá en el ejercicio de esta competencia por parte de los Estados miembros”, dijo un portavoz, subrayando que “la UE sigue siendo un refugio seguro para las personas obligadas a huir de sus hogares debido a la persecución, la guerra, los conflictos o los desastres naturales”.

Sin embargo, “nos corresponde a nosotros –y no a los traficantes– decidir quién viene a la Unión Europea y en qué circunstancias”, subrayó el portavoz, recordando que las últimas cifras de Frontex sobre llegadas irregulares muestran “un descenso en las rutas del Mediterráneo occidental y del Atlántico”.

“En cuanto a las últimas llegadas a Portugal, estamos siguiendo de cerca la situación y seguimos apoyando a las autoridades portuguesas a nivel operativo y financiero y mediante una mayor cooperación con los principales países socios”, afirmó la Comisión.

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El Pacto sobre Migración y Asilo, recientemente aprobado, permite un “sistema de gestión de la migración justo y firme, que debe ser integral y tener una fuerte gestión de fronteras, una dimensión interna basada en la solidaridad y la responsabilidad entre los Estados miembros y una dimensión externa, que incluya asociaciones integrales con terceros países”, se lee en la respuesta de la institución.

Portugal ha cuadruplicado el número de inmigrantes en los últimos años y muchos pretenden emigrar al espacio europeo una vez obtenida la nacionalidad o regularizados, creando presión sobre los países socios.

Con el pacto, “la UE tendrá un mecanismo de solidaridad obligatorio permanente, ningún estado miembro quedará solo bajo presión”, promete la comisión, en su respuesta a Lusa.

Además, añade, “cada Estado miembro contribuirá a los esfuerzos de solidaridad de forma flexible y podrá elegir el tipo de solidaridad que presta”, sobre todo porque el “sistema también incluirá normas eficaces para detectar y prevenir movimientos secundarios”.

Por ello, según la Comisión Europea, la implementación del pacto es una prioridad fundamental para el próximo año, y se espera que entre en vigor a mediados de 2026.