Algarve: 20 personas acusadas de comprar 284 propiedades con créditos fraudulentos

En un comunicado, el diputado indicó que fueron incautadas 118 propiedades, la mayoría en el Algarve, y que los acusados, de diversas nacionalidades, desarrollaron durante casi 10 años «una organización criminal transnacional responsable de un sofisticado esquema para obtener» financiación bancaria.

«Los hechos imputados abarcan más de trescientas solicitudes de crédito para vivienda, por valor de más de cuarenta y un millones ochocientos mil euros, obtenidas de diversas entidades bancarias nacionales, todas ellas conseguidas con documentación falsificada», se lee en la nota.

Según el diputado, la red habría actuado entre diciembre de 2015 y, al menos, el 25 de junio de 2024, siendo sus elementos sospechosos de los delitos de asociación para delinquir, estafa calificada, blanqueo de capitales, falsedad documental y falsas declaraciones.

El 'modus operandi' consistió en la "creación y manipulación a gran escala de nóminas, extractos bancarios, declaraciones anuales de la renta y declaraciones patronales, todas con aparente origen en el Reino Unido", añade la nota publicada en la página web de la Procuraduría General de Justicia de Évora.

De esta forma, el grupo consiguió simular con los bancos portugueses “situaciones financieras y profesionales falsamente superiores a la realidad, engañándolos y llevándolos a conceder préstamos incondicionalmente, esencialmente a ciudadanos extranjeros sin ingresos ni patrimonio conocidos, subvirtiendo el normal funcionamiento del sistema bancario”.

En este contexto, la Fiscalía identificó “varias situaciones de incumplimiento definitivo en el pago de las cuotas del crédito, y se espera que el número pueda aumentar”, habiéndose adquirido al menos 284 inmuebles en el Algarve.

Los dirigentes de la organización obtenían beneficios no sólo por la diferencia entre el precio de compra y el valor de la financiación concedida fraudulentamente, sino también por los "valores de los créditos obtenidos sucesivamente a nombre de personas utilizadas para este fin, mediante ventas simuladas".

Según el diputado, los cabecillas también lograban obtener “ganancias ilícitas provenientes de la rentabilidad de las propiedades a las que se llegaba por esa ruta, donde también utilizaban a esas personas, [que actuaban como] testaferros, para ocultarlos”.

En este caso, el Ministerio Fiscal promovió la declaración de decomiso a favor del Estado de varios bienes obtenidos de forma delictiva, en concreto, 26,4 millones de euros "a abonar solidariamente por los cabecillas de la organización, correspondientes a los beneficios obtenidos en las operaciones fraudulentas".

Según el diputado, también fueron intervenidas 118 propiedades, la mayoría en el Algarve, valoradas en al menos 21,5 millones de euros, 22 coches y tres barcos, incluido un yate valorado en 320 mil euros, saldos bancarios y dinero en efectivo.

Uno de los imputados se encuentra en prisión preventiva y los otros dos están obligados a permanecer en sus domicilios bajo vigilancia electrónica.

En este momento se cumple el plazo para la posible apertura de una investigación, que, de no solicitarse, “determinará la remisión del caso a juicio”, explica el diputado.

La investigación fue liderada por el Departamento Regional de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Évora desde enero de 2021, con la asistencia de la Dirección Sur de la Policía Judicial y de la Unidad de Asesoría Técnica de la Procuraduría General de la República (PGR).