El Parlamento rechaza los proyectos del PS, BE y Livre que pedían más protección para los inversores

El Parlamento rechazó hoy tres proyectos de ley presentados por el Partido Socialista (PS), el Bloque de Izquierda (BE) y Livre (L) que pedían normas para proteger a los inversores no profesionales y no cualificados.

Los proyectos de ley fueron presentados a raíz de una petición de la Asociación de Víctimas de Bonos y Productos Estructurados (ALOPE), que ya había sido presentada a la Asamblea de la República en 2020.

El proyecto del PS, que adoptaba normas para proteger a los inversores no profesionales en la comercialización de productos financieros, fue aprobado en primera instancia con los votos en contra del CDS-PP y del PSD (Partido Socialdemócrata), pero fue rechazado cuando el Partido Comunista Portugués (PCP) y Chega (CH) anunciaron que después se abstendrían.

El proyecto BE, que establecía protección para ahorradores e inversores no cualificados, fue rechazado con los votos en contra de CDS-PP, Iniciativa Liberal (IL) y PSD y las abstenciones de CH y PS.

El texto de Livre, que preconizaba reforzar la protección de los inversores no profesionales, fue votado en contra por CH, CDS y PSD, así como las abstenciones de IL y PCP.

Al presentar los proyectos, el diputado socialista Carlos Pereira defendió que Portugal "no puede ser un país de productos financieros complejos, a menudo incluso creativos, y al mismo tiempo ser una especie de infierno para los inversores, pequeños inversores e inversores no profesionales".

La coordinadora del BE, Mariana Mortágua, señaló que hay productos financieros que son confusos y hay un “nivel de desinformación y desigualdad en el acceso a la información entre quienes invierten y quienes venden los productos”.

La diputada del Partido Libre, Patrícia Gonçalves, insistió en que el Estado tiene el deber de garantizar que “todos jueguen con las mismas reglas” y abogó por una mayor alfabetización financiera.

También abogamos por la formación de mediadores especializados que realmente sepan ayudar, que estén preparados para abordar conflictos financieros y que respondan a las personas con seriedad.

Filipe Sousa, de Juntos Pelo Povo (JPP), consideró urgente garantizar una mayor protección a los inversores minoristas, mediante la creación de un defensor del inversor y la obligatoriedad de denunciar conflictos financieros.

Reconociendo que se trata de un tema relevante, el diputado liberal Mário Amorim Lopes consideró importante diferenciar entre fraude y falta de información sobre un producto financiero, citando como ejemplo el papel comercial del Banco Espírito Santo, que fue poco divulgado.

“Esa falta de información se puede resolver precisamente con educación financiera”, argumentó, mostrando una hoja informativa de cuatro páginas para un depósito a plazo.

El líder del partido CDS-PP, Paulo Núncio, consideró que se trata de un tema "que exige rigor técnico, sólido conocimiento jurídico y responsabilidad legislativa", ya que garantizar la seguridad de los inversores es "defender un mercado de capitales libre".

Desde la bancada de Chega, el diputado João Ribeiro insistió en la necesidad de la alfabetización financiera en las escuelas “e incluso entre la población adulta”, tras señalar que el Estado falló a sus ciudadanos como regulador (…) del mercado.

El socialdemócrata Pedro Coelho destacó que los peticionarios tienen dos planes de intervención: prevención y monitoreo, y cómo reaccionar cuando no se cumplen las obligaciones legales de las instituciones.

Según este diputado, “ninguno de ellos presenta justificación técnica ni financiera, algunos establecen prohibiciones (…), creando más obstáculos, y todos están desalineados (…) con el marco europeo”.