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El relator de la Comisión de Seguridad Pública modifica el texto en señal de aprobación a los estados

El relator de la Comisión de Seguridad Pública modifica el texto en señal de aprobación a los estados

El diputado federal Mendonça Filho (União-PE), ponente de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la PEC de Seguridad Pública, anunció este martes 8 que eliminó el artículo que daría a la Unión poder exclusivo para dictar normas generales de seguridad pública.

La sección reformada otorgaba a la Unión la facultad exclusiva de legislar sobre normas generales de seguridad pública, defensa social y el sistema penitenciario. Según el congresista, el texto original violaba la identidad del ordenamiento federativo previsto para la seguridad pública.

Durante los debates de la Comisión, celebramos varias audiencias públicas y tuvimos la oportunidad de recibir a gobernadores. Gobernadores con diferentes posturas ideológicas, políticas y partidistas se posicionaron en defensa de la autonomía estatal, afirmó.

El lunes 7, Mendonça se reunió con el presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), y el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, para informarle sobre la modificación. Se espera que la comisión vote la enmienda propuesta este miércoles 9.

De ser aprobado por la CCJ, el PEC será analizado por una comisión especial y luego votado en el pleno de la Cámara, donde necesitará 308 votos favorables en dos vueltas para avanzar al Senado.

La iniciativa del gobierno de Lula (PT) es blanco de críticas de gobernadores de oposición , que ven riesgos a la autonomía de los estados debido al fortalecimiento del papel de la Unión y de la Policía Federal.

Entre los puntos principales del PEC están la constitucionalización del Sistema Único de Seguridad Pública y la ampliación de las competencias de la Policía Federal, que podrá actuar en delitos con repercusión estatal e interestatal, además de delitos ambientales y acciones contra organizaciones criminales y milicias privadas.

La propuesta también establece lineamientos para el Fondo Nacional de Seguridad Pública y el Fondo Penitenciario, determinando que los recursos serán compartidos entre todas las entidades federativas y no podrán ser contingentes.

CartaCapital

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