¿Por qué la India obliga a 80 millones de personas a justificar su derecho a votar?
Mumbai, India – Una decisión del principal organismo electoral de la India, la Comisión Electoral de la India (ECI), de volver a examinar casi 80 millones de documentos de votantes en un intento de eliminar a los “inmigrantes ilegales extranjeros” ha provocado temores generalizados de privación masiva de derechos y deportaciones en la democracia más grande del mundo.
El 24 de junio, la ECI anunció que cada uno de los casi 80 millones de votantes (equivalentes a toda la población del Reino Unido) en el estado de Bihar, en el este de la India, deberá volver a registrarse como votante antes del 26 de julio.
Quienes no puedan hacerlo perderán su derecho al voto y serán reportados como "presuntos extranjeros", según la directiva de la ECI, e incluso podrían enfrentar la cárcel o la deportación. Se espera que las elecciones legislativas del estado se celebren en octubre o noviembre.
Los críticos dicen que la medida es una ruta encubierta para implementar el controvertido Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) que el gobierno del primer ministro Narendra Modi ha propuesto en el pasado como una forma de identificar a los “inmigrantes ilegales” y deportarlos.
La medida llega en un momento en el que miles de musulmanes, en su mayoría de habla bengalí, han sido detenidos y muchos de ellos han sido deportados de la India como presuntos inmigrantes bangladesíes en las últimas semanas.
Al Jazeera envió preguntas a la ECI sobre la medida, pero la comisión no respondió, a pesar de los correos electrónicos recordatorios.
Bihar es el estado más pobre de la India en términos de ingreso per cápita (PDF) , y más de un tercio de su población cae por debajo del umbral de pobreza establecido por el gobierno indio.
Pero, al ser el tercer estado más poblado del país, también es uno de los campos de batalla políticamente más importantes de la India. Desde 2005, el Partido Bharatiya Janata (BJP), de mayoría hindú, de Modi, ha gobernado Bihar en alianza con un partido regional, el Janata Dal (Unido) (JDU), durante la mayor parte del tiempo, salvo breves periodos de gobierno de alianzas lideradas por la oposición.
En vísperas de las elecciones estatales, la medida del supervisor electoral ha provocado confusión, pánico y una lucha por obtener documentos entre algunas de las comunidades más pobres del país en las zonas rurales de Bihar, dicen los críticos.
Los políticos de la oposición, así como los grupos de la sociedad civil, han argumentado que amplios sectores de la población de Bihar no podrán proporcionar documentos de ciudadanía dentro del breve período que tienen para justificar su derecho a votar, y quedarían privados de sus derechos.
El principal partido de oposición de la India, el Congreso Nacional Indio, junto con su socio de alianza en Bihar, el Rashtriya Janata Dal (RJD), pidieron el miércoles el cierre de Bihar, con el líder de la oposición Rahul Gandhi encabezando las protestas en la capital de Bihar, Patna.
Un grupo de peticionarios, entre ellos líderes de la oposición y grupos de la sociedad civil, se ha dirigido al Tribunal Supremo de la India para solicitar la cancelación de este ejercicio. Se espera que el tribunal escuche estas peticiones el jueves.
El partido gobernante, el BJP, ha denunciado una afluencia masiva de inmigrantes musulmanes procedentes de los vecinos Bangladesh y Myanmar (Birmania) y ha respaldado la iniciativa de la ECI. De hecho, ha exigido que se replique en todo el país. Al Jazeera contactó al portavoz principal del BJP y responsable de prensa, Anil Baluni, mediante mensajes de texto y correo electrónico para obtener sus comentarios. Aún no ha respondido.
Pero los observadores políticos y los expertos en transparencia electoral advierten que la medida tiene profundas implicaciones para el futuro de la democracia india y los derechos de los votantes.
El anuncio del ECI del 24 de junio decía que el ejercicio tenía por objeto garantizar que "ningún votante no elegible sea incluido en el padrón", y citaba razones como la rápida urbanización, la migración frecuente, los nuevos votantes, los votantes muertos y "la inclusión de inmigrantes ilegales extranjeros" en la lista como razones.
La última revisión completa de este tipo se llevó a cabo en 2003, pero desde entonces los registros electorales se han actualizado y depurado periódicamente, incluso el año pasado antes de las elecciones nacionales.
Según la ECI, los votantes que estaban en la lista de votantes de 2003 sólo tienen que volver a presentar los formularios de registro de votantes, mientras que los que se agregaron más tarde, dependiendo de cuándo se agregaron, tendrían que presentar prueba de su fecha de nacimiento, así como también de su lugar de nacimiento, junto con pruebas de uno o ambos padres.
De los aproximadamente 79,6 millones de votantes de Bihar, la ECI estima que solo 29 millones tendrían que verificar sus credenciales. Sin embargo, estimaciones independientes sugieren que esta cifra podría superar los 47 millones.
El ejercicio implica que los funcionarios de la ECI visiten puerta por puerta y distribuyan los formularios de enumeración a cada votante registrado. Posteriormente, se espera que los votantes presenten los documentos, los adjunten y los entreguen junto con los formularios a los funcionarios electorales, todo esto antes del 26 de julio. El borrador del nuevo censo electoral se publicará el 1 de agosto, y quienes hayan quedado fuera tendrán un mes más para presentar objeciones.
Jagdeep Chhokar, de la Asociación de Reformas Democráticas (ADR), una organización sin fines de lucro de 25 años de antigüedad que ha estado trabajando en reformas electorales, dijo que la decisión de la ECI de examinar a todos los nuevos votantes agregados desde 2003 proyecta una sombra sobre todas las elecciones que el estado ha visto desde entonces.
"¿Acaso la ECI afirma que ha habido una gran estafa en el censo electoral de Bihar desde 2003? ¿Acaso afirma que todos los elegidos en Bihar en estos 22 años no son válidos?", preguntó Chhokar.
¿Cuál es la crítica a este ejercicio?En primer lugar, el cronograma: llegar a casi 80 millones de personas al menos dos veces en un mes es una tarea titánica. La ECI ha designado a casi 100.000 agentes y reclutado a casi 400.000 voluntarios para esta tarea.
En segundo lugar, a pesar de la naturaleza gigantesca del ejercicio y sus implicaciones, la ECI no realizó ninguna consulta pública sobre el tema antes de anunciar la medida en una orden escrita el 24 de junio, una medida criticada por los expertos.
“Que una decisión tan importante se haya tomado y publicado de una manera tan secreta, sin consulta, plantea interrogantes sobre la parcialidad de la ECI”, dijo Pushpendra, ex profesor y decano del Instituto Tata de Ciencias Sociales, con sede en Bihar y que no quiso dar su nombre completo.
En tercer lugar, los expertos advierten que millones de votantes legítimos de Bihar tendrán dificultades para proporcionar los documentos que la ECI les ha solicitado.
La autoridad electoral ha dictaminado que no aceptará la tarjeta Aadhar, un documento de identidad único emitido por el gobierno de la India, ni la tarjeta de identidad de votante emitida por la propia ECI, que históricamente ha sido suficiente como documento que las personas deben mostrar para votar.
En lugar de ello, ha pedido a los votantes que presenten una serie de 11 documentos enumerados, desde certificados de nacimiento hasta pasaportes, pasando por certificados de derechos forestales o certificados de educación emitidos por el estado.
Pero Bihar tiene la tasa de alfabetización (PDF) más baja del país, con tan solo el 62 %, frente al promedio nacional del 73 %. Una encuesta realizada en 2023 por el gobierno de Bihar reveló que solo el 14,71 % de la población de Bihar había superado el décimo grado de la escuela, lo que dejaba los certificados de educación —uno de los documentos que los votantes podían mostrar— fuera del alcance de la mayoría de la población.
De igual manera, datos gubernamentales muestran que Bihar también tiene una de las tasas de registro de nacimientos más bajas del país, con un 25 % de nacimientos sin registrar. Esto significa que los certificados de nacimiento están fuera del alcance de una cuarta parte de la población.
Pushpendra, el académico, afirmó que el Estado no ha garantizado que las personas tengan la documentación que solicita a los ciudadanos legítimos. "No se puede castigar a las personas si el Estado no tiene la capacidad de distribuir estos documentos", afirmó.
En cuarto lugar, la fecha de la ECI también ha sido criticada por muchos: el estado celebra su temporada anual de monzones entre junio y octubre, y sufre habitualmente inundaciones devastadoras como consecuencia de las lluvias. Los datos del gobierno estatal muestran que dos tercios de Bihar son propensos a inundaciones, y los daños anuales causados por las inundaciones en Bihar representan entre el 30 % y el 40 % del total de daños por inundaciones en la India. El año pasado, más de 4,5 millones de personas se vieron afectadas por las peores inundaciones que Bihar ha sufrido en décadas.
“Estas áreas propensas a inundaciones son las que presentan mayores deficiencias en cuanto a documentación adecuada porque sufren rutinariamente inundaciones devastadoras que arrasan aldeas enteras”, dijo Pushpendra .
Finalmente, el ejercicio de la ECI señala un cambio fundamental en la forma en que busca inscribir a los votantes, dijo Chhokar de ADR.
“En ningún momento de los 70 años de existencia del país ha cambiado el criterio de elegibilidad para votar; los votantes siempre debían proporcionar su fecha de nacimiento”, dijo Chhokar. “Este ejercicio cambia este criterio y ahora los votantes también deben proporcionar su lugar de nacimiento”.
Si bien el ECI es un organismo autónomo, su ataque a los inmigrantes indocumentados refleja la retórica del BJP sobre el tema, han señalado los expertos.
Desde que perdió la mayoría parlamentaria el año pasado y se vio obligado a formar una coalición, el BJP del primer ministro Modi ha alegado que la afluencia masiva de refugiados rohinyá e inmigrantes bangladesíes a la India ha alterado la demografía del país. La Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) de la India, responsable de proteger las fronteras del país contra dicha inmigración indocumentada, depende del Ministerio del Interior del gobierno de Modi, dirigido por Amit Shah, asesor cercano de Modi.
Los líderes de partidos encabezados por el propio Modi han hecho afirmaciones similares sobre una inundación masiva de inmigrantes rohingya y bangladesíes en casi todas las elecciones regionales desde entonces, ya sea en Maharashtra , Jharkhand o Delhi .
En diciembre del año pasado, los líderes del partido se reunieron con la ECI para presentar presuntas pruebas de que refugiados rohinyá y ciudadanos bangladesíes habían sido inscritos ilegalmente como votantes. Las leyes indias solo permiten votar a los ciudadanos indios.
El hecho de que la ECI acepte ahora esta afirmación, sin revelar ninguna evidencia que tenga sobre la inscripción de no ciudadanos como votantes, está generando sospechas en muchos.
“La ECI no ha podido justificar por qué consideró necesaria esta revisión. Carece de datos que demuestren sus afirmaciones [sobre la presencia de inmigrantes indocumentados en las listas de votantes]”, declaró Apoorvanand, profesor de la Universidad de Delhi y comentarista político originario de Bihar, quien tampoco quiso ser identificado por su nombre completo. “Por eso, esto ya no se ha mantenido como un ejercicio burocrático y neutral de un órgano constitucional. Su política es muy sospechosa”, añadió.
Por su parte, el BJP se ha manifestado a favor de este ejercicio e incluso ha exigido que se extienda a otros puntos del país.
Pushpendra, ex decano del TISS, dijo que las comunidades tradicionalmente marginadas y las minorías religiosas serían las más afectadas en esta campaña de revisión electoral, porque son las que tienen menos probabilidades de poseer documentos como un pasaporte, un certificado educativo o un certificado de nacimiento.
“Estas comunidades, tradicionalmente, siempre han apoyado al RJD [opositor] y al Congreso”, dijo.
En pocas palabras, si no pueden votar, es una ventaja para el BJP.
En los últimos meses, el gobierno de Modi, así como los gobiernos del BJP en varios estados, han intensificado sus esfuerzos para identificar a los migrantes indocumentados en el país y deportarlos. En al menos ocho estados de la India, cientos de ellos han sido arrestados y acusados de ser inmigrantes indocumentados.
Esta campaña se ha centrado principalmente en los inmigrantes musulmanes de habla bengalí. Miles de supuestos bangladesíes han sido obligados a entrar en Bangladesh a punta de pistola por las autoridades indias. Se les ha acusado de no seguir el procedimiento y deportarlos precipitadamente. Con frecuencia, incluso ciudadanos musulmanes indios han sido deportados en esta campaña.
Para muchos, esto recuerda a los planes del gobierno de Modi de crear un Registro Nacional de Ciudadanos (RNC), que identificaría y deportaría a quienes se encontraran sin documentos. En diciembre de 2019, el ministro del Interior, Amit Shah, fijó 2024 como fecha límite para el registro del RNC e insistió en que «todos y cada uno de los inmigrantes ilegales serán expulsados» para ese año.
Esta medida afecta desproporcionadamente a los musulmanes, debido a las leyes de ciudadanía modificadas de la India, que aceleran la obtención de la ciudadanía para hindúes, sijs, jainistas, budistas, parsis y cristianos, pero excluyen a los musulmanes. Estas leyes, aprobadas en 2019 por el Parlamento indio, fueron implementadas en marzo del año pasado por el gobierno de Modi y ayudarán a los no musulmanes a evitar la deportación y la cárcel si se les descubre que residen sin documentos.
En Bihar, los musulmanes representan el 17 por ciento de la población del estado y suman alrededor de 17,6 millones en todo el estado.
Apoorvanand, el académico, dijo que la revisión del censo electoral de Bihar fue, en efecto, la NRC.
“En última instancia, la ECI está pidiendo a los ciudadanos que demuestren su ciudadanía presentando documentos”, dijo.
Chhokar, de ADR, la primera organización en solicitar al Tribunal Supremo la eliminación del ejercicio, afirmó que las consecuencias de la revisión serían nefastas. "Podríamos tener un censo electoral en el que la mitad de la población del estado se quedaría sin derecho a voto", declaró.
Al Jazeera
