Gobierno contrata estudio que buscaría caducar concesión del Canal 1: los detalles del caso

En días pasados se conocieron los detalles de un estudio previo general ordenado por la Dirección Jurídica del Ministerio de las TIC, en el cual se ordena contratar un estudio jurídico “altamente especializado” con miras a declarar la caducidad de la concesión 001 a Plural Comunicaciones, operadora del Canal 1.

El próximo 21 de junio se conocerían los resultados de dicho análisis jurídico y el país sabrá si el Gobierno ordenará o no la caducidad de la concesión del Canal 1, un modelo que es similar al que tienen todos los canales y emisoras privadas y públicas del país, en donde el Estado les otorga el uso del espectro radioeléctrico para explotación comercial, cumpliendo com los preceptos y ordenamientos de Ley en cuanto a pluralidad informativa, derecho de la información y respeto de la Constitución.

EL TIEMPO contactó al Ministerio TIC y al jefe de la cartera Julián Molina para indagar al respecto de este estudio ordenado por su despacho, pero no obtuvo respuesta. La entidad emitió un comunicado público en el que advierte que efectivamente contrató los servicios de un “reconocido experto en derecho administrativo para que emita un concepto jurídico que diagnostique si el cambio accionario de una de las partes del contrato 001 de 2017”, de Plural Comunicaciones SAS, “modifica los requisitos técnicos, jurídicos y financieros por los cuales fue otorgada la concesión”.

Dice el Ministerio que dicha contratación de un experto “refleja el compromiso con la transparencia y el debido proceso”.

No obstante, Ramiro Avendaño, Presidente del Canal 1, considera que se trata de una acción particular contra Plural Comunicaciones y un atentado contra la libertad de prensa: “me sorprende la persecución que al parecer se está fraguando sobre la libertad empresarial y de los medios de comunicación. El objeto del contrato (ordenado por el Ministerio de las TIC) es por lo menos exótico, pues no es para que un abogado analice las concesiones de radio y televisión, sino para que les diga cómo declarar la caducidad de una concesión vigente”

Ante las razones esbozadas por el Ministerio TIC para ordenar un concepto jurídico sobre el cambio accionario al interior de las empresas de la concesión y saber si por ello habría causales legales para revocar el permiso de operación al Canal UNO, Avendaño señaló que “la concesión del Canal UNO le pertenece a Plural Comunicaciones desde el 2017. Eso no ha cambiado. Plural le pertenece a la compañía HMTVU, cosa que tampoco ha cambiado. Es decir, el concesionario es y ha sido el mismo desde el inicio hasta la fecha. Lo que sí ha habido, como es natural en todas las compañías, es cambios de algunos de los socios de las empresas, los cuales son permitidos por la Ley”.

En tal sentido, EL TIEMPO pudo establecer que existe un concepto del propio Ministerio de las TIC entregado al Canal 1, en donde le informa que no es necesario reportar cambios de socios al interior de las empresas concesionarias.

En voces de expertos, los cambios accionarios al interior de las empresas concesionarias del Canal UNO, o de cualquiera de los canales de televisión o emisoras radiales privadas del país que también cuenta con permisos de uso del espectro, no son causales de disolución de las concesiones otorgadas.

Insistir en ello, según comentarios históricos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, configuraría un atentado con la pluralidad informativa. De hecho, en un concepto de dicha entidad en respuesta a un requerimiento de la SIC sobre la eventual alianza entre Canal 1 y Prisa Radio para el desarrollo conjunto de contenidos y estrategias comerciales, tocó este aspecto.

Durante las discusiones de dicho concepto, enviado a la SIC en marzo del presente año, la CRC no solo concluyó que la eventual alianza entre Canal 1 y Prisa Radio no constituye un atentado hacia la concesión ni su composición accionaria, sino que al contrario beneficiaría la pluralidad informativa y mencionó que se debería revisar con cautela cualquier intervención, restricción o abusos del poder concesional, el cual ha sido considerado por la CIDH como una afectación indirecta a la libertad de expresión.

Por eso, para Ramiro Avendaño, esta acción del Ministerio TIC “obedece al interés de ciertas personas que se sienten con el derecho de quedarse con esta concesión para si mismos, no para el Estado”.

En su concepto, “el hecho de que estén buscando cómo expropiar a un canal premiado desde el punto de vista informativo, que nos estén estigmatizando, persiguiendo, enciende las máximas alertas. No por nada para algunos, esto es el ‘shu, shu, shu’ de los medios”, finalizó.