El presidente del Gobierno español no dimitirá ante los escándalos y confirma el plan para combatir la corrupción

El primer ministro español, Pedro Sánchez, prometió el miércoles "no tirar la toalla" a pesar del escándalo de corrupción que sacude a su Partido Socialista, presentando en cambio un plan anticorrupción diseñado por la OCDE.
El primer ministro español, Pedro Sánchez, anunció el miércoles un plan anticorrupción diseñado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en un intento de salvar la confianza en su gobierno afectado por el escándalo.
La implicación de dos ex pesos pesados socialistas y aliados cercanos de Sánchez en un escándalo de corrupción ha sacudido a la coalición izquierdista minoritaria y puesto en duda su viabilidad.
"No voy a tirar la toalla y vamos a seguir adelante", dijo Sánchez en el Parlamento, admitiendo que había considerado dimitir por el asunto que involucra a dos ex pesos pesados socialistas.
La crisis es particularmente sensible para un líder que llegó al poder en 2018 prometiendo limpiar la política española después de que su rival, el conservador Partido Popular (PP), fuera condenado por su propio caso de corrupción.
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Sánchez anunció un plan de 15 puntos elaborado con la división de lucha contra la corrupción e integridad en el gobierno de la OCDE, con sede en París, durante un discurso ante el Parlamento.
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Entre ellas se incluye la creación de una agencia independiente de integridad pública para prevenir, supervisar y procesar la corrupción, y Sánchez afirma que los mecanismos existentes han "generado ineficiencias y vacíos de coordinación".
Un análisis mejorado de datos con la ayuda de inteligencia artificial buscará "vulnerabilidades" en las licitaciones públicas, dijo Sánchez, después de que sus antiguos hombres de confianza fueran sospechosos de recibir sobornos en la adjudicación indebida de dichos contratos.
Los altos funcionarios también se someterían a "controles de riqueza aleatorios y anuales" durante su mandato, mientras que los partidos y fundaciones que reciban fondos públicos superiores a 50.000 euros (58.500 dólares) estarían obligados a enfrentar auditorías externas.
Los denunciantes recibirían mayor protección, se crearían secciones especializadas en los tribunales y se reformaría el código penal para endurecer los castigos por delitos contra la administración pública, añadió Sánchez.
Un informe policial impactante sobre el escándalo publicado el mes pasado implicó al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y al ex alto funcionario socialista Santos Cerdán, ambas figuras clave en el ascenso de Sánchez al poder.
Sánchez reveló que había considerado dimitir por el asunto, pidió disculpas pero desafió a la oposición al prometer no "tirar la toalla" y convocar elecciones anticipadas.
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El gobierno se tambalea
Desde el informe policial, Cerdán ha renunciado a su poderoso cargo de secretario de organización socialista y de diputado, mientras que el partido ha expulsado definitivamente a Ábalos.
Los partidos de extrema izquierda y separatistas regionales que apoyan al gobierno habían exigido medidas firmes contra la corrupción como precio de su continuo apoyo.
Sánchez calificó el plan como "el mayor impulso" a la lucha contra la corrupción en España "en las últimas décadas".
Pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desestimó las explicaciones y los esfuerzos de reforma de Sánchez, diciendo que los socialistas habían "operado como una organización criminal" durante años.
"No sabemos dónde empieza y dónde acaba tu responsabilidad directa... ¿Cómo nos vas a sacar de esta pesadilla si tú nos has metido en ella?", le respondió a Sánchez, exigiendo elecciones.
Se están llevando a cabo investigaciones separadas contra la esposa de Sánchez, su hermano y el fiscal general designado por los socialistas, lo que aumenta la presión sobre uno de los líderes de izquierda con más años en el cargo de Europa.
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