Asfixia autonómica por la parálisis del Gobierno

La situación apremiante de liquidez que denuncian algunos gobiernos autonómicos y ayuntamientos por la no actualización de las entregas a cuenta hace todavía más incomprensible que el Gobierno haya tratado de impedir un debate sobre financiación en la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy en Barcelona.

Aunque la amenaza de plante por parte de varios dirigentes regionales venció la resistencia de Pedro Sánchez a abordar una cuestión en la que tiene las manos atadas por sus pactos con los separatistas para su propia investidura y la de Salvador Illa, hay pocas esperanzas de que se logren acuerdos en esta materia crítica para el normal funcionamiento de las administraciones territoriales.

Los 25.000 millones de euros que reclaman autonomías y municipios al Ministerio de Hacienda son vitales para un sistema sanitario sometido a una presión migratoria exponencial y aquejado de saturación por la falta de profesionales para cubrir numerosas plazas vacantes.

En el extremo, la Generalitat Valenciana, una de las peor dotadas por el actual sistema de financiación autonómica, denuncia sufrir una situación financiera límite ante los retrasos del departamento dirigido por María Jesús Montero en abonar los importes debidos por el exceso de recaudación en 2024 y transferir los recursos asignados para este ejercicio debido a la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante en el Congreso el decreto ómnibus que incluía esos pagos.

En plena crisis institucional tras las revelaciones de presuntas maniobras orquestadas por miembros del PSOE contra los jueces y policías que investigaban la corrupción en su entorno más cercano, Sánchez pretende utilizar la cumbre para tratar de recuperar la iniciativa política anunciando un histórico incremento de la inversión pública en vivienda asequible, pero lo urgente no debería distraerle de lo importante.