Candidato Clemente Pérez propone vigilancia y auditorías profundas para purgar corrupción judicial

En medio del proceso inédito para elegir a los integrantes del Poder Judicial Federal mediante voto popular, emerge la figura de Jorge Alfredo Clemente Pérez, candidato a Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (identificado con el número 26 en la boleta ), con propuestas que buscan sacudir los cimientos de la supervisión interna y atacar de raíz la corrupción y la penetración del crimen organizado. Su enfoque, detallado en entrevistas y documentos oficiales, se aleja de los métodos administrativos tradicionales y adopta herramientas más propias de la inteligencia y la investigación.

Clemente Pérez parte de un diagnóstico alarmante. Expresa una profunda preocupación por la penetración del crimen organizado en el sistema judicial, evidenciada, según él, por sentencias polémicas que han favorecido a distintos capos. No considera que la corrupción sea un problema de manzanas podridas aisladas, sino que advierte sobre la posible existencia de «constelaciones» de complicidad que involucran a múltiples jueces, magistrados y entidades que trascienden la estructura formal del PJF.

Además, critica una confusión fundamental en el sistema: se pide «justicia» a los jueces, magistrados y ministros, pero la Constitución solo los obliga estrictamente a la «legalidad».

Clemente Pérez subraya que «la legalidad no siempre arriba a la justicia» y que es necesario empatar ambos conceptos para lograr una verdadera justicia. Esta distinción es clave, pues sugiere que cumplir la ley al pie de la letra puede, en ocasiones, usarse como «artificio legaloide» para evadir sanciones o lograr resultados injustos.

Frente a este panorama, las propuestas de Clemente Pérez buscan ir más allá de la simple revisión de expedientes o la aplicación de sanciones a posteriori. Plantea un modelo de supervisión técnica e integral basado en metodologías y técnicas que superan el mero conocimiento jurídico.

Supervisión Técnica y Vigilancia: Propone implementar estrategias para dimensionar cómo operan las redes de corrupción. Esto incluye una «vigilancia recurrente» de las comunicaciones oficiales (enfatizando que se trata de teléfonos institucionales, no una invasión a la privacidad) y una supervisión adecuada de auditorías patrimoniales y financieras a los funcionarios judiciales. Este nivel de escrutinio se asemeja más a técnicas de investigación financiera y de inteligencia.

Trabajo «en territorio»: Insiste en la necesidad de «trabajar en territorio, más que en escritorio». Propone visitas de inspección constantes y la creación de circuitos de comunicación directa con los usuarios del sistema de justicia (litigantes, ciudadanos) como una forma de detectar irregularidades y abusos de poder desde la base.

Mecanismos Basados en Pruebas: Subraya la importancia de que el Tribunal de Disciplina llegue a conclusiones efectivas y probadas, evitando especulaciones sobre la honorabilidad de los jueces y basándose en evidencia concreta.

Medidas Cautelares y Enfoque Interdisciplinario: Menciona la posibilidad de aplicar medidas cautelares como la suspensión de jueces o magistrados bajo investigación, o incluso la exclusión de miembros del Tribunal que estén siendo amenazados, para proteger la integridad de los procesos. Enfatiza que enfrentar estos problemas requiere seriedad y un conocimiento adecuado e interdisciplinario.

La visión de Clemente Pérez para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial es la de un órgano completamente autónomo, tanto presupuestal como administrativamente (aunque orgánicamente siga dentro del PJF), con la facultad de investigar a cualquier miembro del Poder Judicial, desde ministros hasta personal administrativo. El objetivo final es lograr los estándares de eficiencia que México necesita para un acceso pleno a la justicia.

Sin embargo, él mismo reconoce los retos. El primero es convencer a otras autoridades para que permitan la desvinculación administrativa y presupuestal del nuevo tribunal. El segundo es la implementación misma de estos mecanismos de trabajo, que requieren un cambio cultural y podrían enfrentar resistencias internas significativas. Sus propuestas adicionales, como la creación de más juzgados, la dotación de personal suficiente y capacitado, y reformas legales para agilizar procesos , también dependen de voluntad política y recursos considerables.

El enfoque propuesto por Clemente Pérez es, sin duda, disruptivo. Al plantear herramientas de vigilancia y auditoría profunda, sugiere que la corrupción judicial es un problema de seguridad y crimen organizado que no puede combatirse solo con las herramientas administrativas tradicionales. Si bien sus ideas son audaces y teóricamente potentes, la pregunta clave es si son políticamente viables y si podrán superar las barreras culturales y estructurales dentro de un Poder Judicial históricamente reacio al escrutinio externo e interno profundo.

«Necesitamos implementar estrategias que nos permitan dimensionar en general la forma en la que operan [la corrupción y el crimen organizado dentro del PJF]… implica necesariamente muchos actos y técnicas de investigación».

Jorge Alfredo Clemente Pérez se presenta como un candidato con un plan concreto y un enfoque técnico-investigativo para una de las tareas más complejas de la reforma judicial: sanear internamente al Poder Judicial. Su éxito, de ser electo, dependerá no solo de su capacidad técnica, sino de su habilidad política para implementar una visión que desafía el status quo.

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