El Congreso insta a Sánchez a dar explicaciones urgentes pese al 'no' de sus socios

El PNV se desmarca de Sánchez y su abstención permite que salga adelante una iniciativa del PP por la que el hemiciclo reclama al presidente del Gobierno explicaciones urgentes sobre los escándalos de corrupción.

Cada día que pasa es más evidente que el informe de la UCO publicado la semana pasada, desvelando una presunta trama de corrupción en la cúpula del PSOE que afecta de lleno a su ya ex secretario de Organización Santos Cerdán, no es más que la punta de un iceberg cuya profundidad todavía se desconoce.

Y cada día que pasa es también más patente que, pese a sus críticas en público, los socios de investidura de Sánchez no están por labor de dejar que su Gobierno caiga, por lo que la mayoría no quiere oír hablar de un adelanto electoral, y aún menos respaldar ninguna iniciativa de censura o reproche que parta del bloque conservador, por mucho que éste inste a Sánchez a hacer lo mismo que sus aliados le reclaman: dar explicaciones.

Con este telón de fondo, el pleno del Congreso aprobó este jueves una iniciativa del PP que, además de reconocer la labor de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, exige a Sánchez explicaciones urgentes sobre los escándalos destapados por esa unidad, que han provocado un terremoto político en el PSOE y en la política nacional con múltiples réplicas que se van sucediendo, y que asuma su responsabilidad como líder del Partido Socialista.

La iniciativa salió adelante con los votos favorables de PP, Vox y UPN, pero, sobre todo, gracias a la abstención del PNV, que se desmarcó de Sánchez, permitiendo así que el Parlamento le exigiera explicaciones ya por el caso Cerdán (su comparecencia está prevista para el 9 de julio). No deja de ser paradójico que el resto de los socios del bloque de investidura (Junts, ERC, Bildu, Podemos y el BNG), que en los últimos días no han cesado de pedirle explicaciones, votaran en contra junto a PSOE y Sumar.

La iniciativa del PP, que se votó en tres puntos separados, sí concitó mayor apoyo en una de esas tres cuestiones: el reconocimiento de la labor y profesionalidad de la Guardia Civil, y en especial de los agentes de la UCO, pidiendo que se garantice la independencia de sus investigaciones. Este apartado se aprobó por una amplia mayoría, incluidos en este caso los votos de PSOE y Sumar (menos el de una de sus diputadas, que votó en contra), frente a la negativa de ERC, Junts, Bildu, Podemos y BNG.

Sin embargo, los socialistas y Sumar volvieron a desmarcarse y votar en contra (junto a sus socios habituales) en un tercer punto que instaba al Gobierno a cesar los ataques e insinuaciones sobre la Guardia Civil por parte de altos cargos y miembros del Ejecutivo, además de exigir una "rectificación pública" a aquellos que "difundieron informaciones falsas contra los agentes".

No hay que olvidar que el propio líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reciente carta a la militancia socialista, había sembrado dudas en torno a la UCO al denunciar que "lo que sí es censurable es que se haya puesto el contenido de ese informe al servicio de un intento deliberado de la derecha para derribar a un Gobierno legítimo". Esta aparente cohesión del bloque de investidura, rechazando la mayoría de propuestas del PP, no pudo evitar que, ante el desmarque del PNV, que se abstuvo en los tres puntos, el Congreso acabara exigiéndole explicaciones por el caso Cerdán e infligiéndole una nueva derrota parlamentaria.

La entente, sin embargo, recuperó la unidad en otra cuestión que afecta de lleno a una institución clave como es la Fiscalía General del Estado. El pleno del Congreso tumbó una proposición no de ley del PP para, entre otras cuestiones, instar al Gobierno a impulsar el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está al borde de sentarse en el banquillo en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos cometidos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y para el que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidió ayer una condena de 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación.

Ahí, sin embargo, no hubo fisuras en el bloque de investidura y la iniciativa fue rechazada por mayoría, incluidos en este caso los votos del PNV. La proposición solo contó con el respaldo de PP, Vox y UPN, al que se añadió la abstención de Coalición Canaria. La crisis de confianza que la presunta "organización criminal" descubierta en la cúpula del PSOE ha provocado entre los aliados parlamentarios de Sánchez no ha sido suficiente para abandonarle en esta cuestión, en la que el PP quería que el hemiciclo urgiese al Ejecutivo a cesar a García Ortiz "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones", y a promover "un modelo de elección verdaderamente independiente y profesional, que garantice la imparcialidad del Ministerio Fiscal".

Y mientras esto sucedía en el Congreso, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, admitía que pedir perdón "no es suficiente" y anticipaba "más medidas" del Gobierno contra la corrupción. Así lo anunció en un acto de CCOO al que acudió en sustitución de Sánchez, quien este jueves liberó su agenda para, desde su trinchera en La Moncloa, pergeñar un plan de reformas con el que culminar la legislatura, según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.