El escudo social de Sánchez: escudo de sí mismo

"La política más ambiciosa contra la pobreza severa y la exclusión social". Tales fueron las palabras que utilizó el Gobierno de Pedro Sánchez para anunciar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Tres años después de aquello, en 2023, sólo el 40% de los potenciales beneficiarios lo recibía. Y la cosa era peor aún en las familias en situación de pobreza severa: el porcentaje de los hogares sin ingresos beneficiados era apenas del 21%. Así, las cosas, el IMV ha venido siendo un espejo de lo que representa este Gobierno y sus políticas: máxima propaganda, mínima eficacia.

El rapapolvo que acaba de merecer del Tribunal de Cuentas, por su diseño defectuoso, ha sido de época. En un informe que acaba de conocerse recientemente el órgano fiscalizador acusa al Gobierno de haber incurrido en "importantes deficiencias en su diseño". Entre otras, las de estar desconectado con las principales estrategias estatales que se orientan a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. De esa desvinculación tampoco hay que extrañarse: de un Gobierno Frankenstein, con las políticas sociales repartidas entre varios ministerios y varios partidos, sólo puede esperarse eso, es decir, medidas a parches.

El traje que el Tribunal de Cuentas le corta al Gobierno es de época, y representa prácticamente una enmienda a la totalidad del diseño del plan. Empezando por el hecho de que no fuera orientado a un objetivo concreto relacionado con los niveles específicos de pobreza. Acabando por no haber previsto la muy obvia y elemental barrera de la brecha digital, que junto a la excesiva burocracia aparejada a la solicitud, ha sido en la práctica un impedimento insalvable para acceder a las ayudas precisamente en aquellos hogares que más las necesitaban. Pasando por un período desesperante de respuesta (de 154 días de media en 2023 y con un 42% de los expedientes resueltos fuera del plazo máximo legal de seis meses).

Después de sacarle los colores por lo que ha hecho hasta ahora, el Tribunal de Cuentas le dice al Gobierno lo que tiene que hacer: hasta veinte recomendaciones para que la medida anunciada como el gran dique de contención de la vulnerabilidad no acabe excluyendo al ochenta por cierto de los hogares que más necesitan un ingreso mínimo vital. Pero que nadie se lleve a engaño: este Ejecutivo no tomará nota de nada, porque Sánchez y los suyos están a lo que están, y la política social sólo le interesa a nivel retórico, para hacer sonoros anuncios. Lo que pasa luego, los resultados reales de sus políticas, les importan bastante poco.

De hecho, el informe del máximo órgano fiscalizador no es el único que ha sacado las vergüenzas del Gobierno en esta materia. En medio de la corrupción, Pedro Sánchez se aferra desesperadamente al poder con el burdo pretexto de que tiene una agenda social que desarrollar. Pero es precisamente la política social uno de los grandes fiascos de su gestión. La propia Comisión Europea ha señalado los pésimos resultados que arrastra nuestro país en algunos de los indicadores más relevantes sobre política social.

Así, además de en población en riesgo de pobreza o exclusión social, este Gobierno suspende sin paliativos en abandono escolar temprano (un 13% de la población entre 18 y 24 años), en tasa de empleo de los 20 a los 64, y en pobreza infantil y suspende de forma menos catastrófica, pero también suspende, en porcentaje jóvenes que ni trabajan ni estudian, niveles de desigualdad entre ricos y pobres y brecha de empleo por discapacidad...

Y de la vivienda, mejor casi ni hablar. La Ley del Gobierno ha sido un estrepitoso fracaso sin paliativos. La credibilidad de Sánchez es tan nula que de la reciente propuesta lanzada a las comunidades ha sido despreciada por la gran mayoría. Pero es que resulta totalmente comprensible: quién se va a querer subir al carro perdedor de las políticas de vivienda de Sánchez, que acumulan el récord de 44 trimestres consecutivos de subidas de precios en todos los segmentos. Y no sólo en la compraventa de vivienda nueva sino también en vivienda usada. Asimismo, todas las medidas para favorecer el alquiler han fracasado, porque era de manual que fracasaran. Solo han servido para asustar a los propietarios y sacar del mercado muchos inmuebles.

De modo que el llamado escudo social de Sánchez no es más que escudo de sí mismo. Propaganda estéril para justificarse y aferrarse al poder, en medio de los múltiples escándalos que rodean al Gobierno: corrupción en el entorno más próximo del presidente, ocupación de las instituciones, acoso al poder judicial, amnistía y cesiones al independentismo y herederos del terrorismo etarra. Son los más desfavorecidos los que menos razones tienen para apoyar a este Gobierno, que no solo no hace nada por aliviar su situación, sino que los utiliza de forma espuria para legitimarse.

Rafael Belmonte Gómez, Diputado por Sevilla en Cortes Generales