El juez del Supremo advierte: hay más personas “físicas y jurídicas” en el “botín” de Cerdán

El hombre fuerte de Pedro Sánchez en el PSOE hasta hace unas semanas, Santos Cerdán, ha dormido esta noche en la madrileña cárcel de Soto del Real, con los delincuentes comunes. Cuando ayer a las 9,50 horas entraba por la puerta lateral del Tribunal Supremo para declarar como investigado en un presunto caso de corrupción, no se esperaba que saldría en un coche policial rumbo a una celda.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le tomó declaración como investigado y después acordó su ingreso en prisión incondicional y sin fianza por los “notabilísimos indicios” que persisten sobre la posible comisión de los delitos de pertenencia en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

En un auto de veinte folios, el instructor desgrana cómo el ex secretario de organización del PSOE habría orquestado una trama corrupta con la complicidad del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El magistrado da una posible cifra del dinero que ha podido acabar en bolsillos ajenos, cinco millones de euros, que habrían sido repartidos entre estos tres y otras personas “físicas y jurídicas” que no identifica.

El magistrado teme que Cerdán pueda destruir pruebas para ocultar su verdadero patrimonio

Cerdán era quien repartía el “botín” y por tanto, en opinión del juez, él sabe donde acabó todo ese dinero. Ábalos y García se llevaron un millón de euros y él, otra parte sin determinar. Sin embargo, a juicio de Puente no es creíble que este repartiera el dinero de manera “completamente desinteresada”. Por ello, el instructor no descarta que el restante de ese “premio económico”, cuyo montante se ignora, acabara en manos de otras personas por ahora desconocidas.

La cuenta que hace el juez es que a partir de la investigación se ha identificado el amaño en obras, principalmente adjudicadas a Acciona, por valor de más de 500 millones de euros. A partir de las comisiones habituales en casos de corrupción similares, Puente infiere que la supuesta mordida tenía que ser del 1%, es decir de 5 millones. Por tanto, para el juez hay un 80% del dinero que no se sabe donde está.

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El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sitúa a Cerdán como el jefe de la trama, y así lo fija también el magistrado. Según el magistrado, fue este quien empezó con la presunta organización criminal en Navarra para luego seguir con ella en Madrid cuando se trasladó a la capital tras la designación de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, quien le nombró secretario de cooperación territorial.

En el auto, el juez desmiente a Cerdán y apunta a que su interés por las obras de Transportes por su labor de coordinación territorial sino para éstas beneficiasen electoralmente al partido.

Esta decisión del instructor ha sido sorpresiva porque los otros dos investigados, Ábalos y García, solo tienen prohibido salir del país y deben comparecer cada 15 días.

El juez justifica la prisión provisional de Cerdán por el riesgo a que destruya pruebas. La diferencia con los otros dos es que a él no se le ha registrado el domicilio ni se le ha intervenido el teléfono. Además, en su caso todavía se desconoce su patrimonio económico.

Lo único que puede hacer ahora el ex diputado socialista es recurrir ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal y esperar. Otra opción es cambiar de estrategia de defensa y buscar un pacto con la Fiscalía para obtener su libertad a cambio de un reconocimiento de los hechos y de señalar dónde está el dinero del que habla el juez.

Ayer, Cerdán se presentó ante Puente como una víctima por haber negociado pactos con el PNV, Bildu y Junts y el juez le reprocha tal acusación además de no dar credibilidad a esta versión.

Además, el juez niega que las grabaciones realizadas por García, reconociendo el reparto de mordidas estén manipuladas, como dio a entender el exdiputado, ni que el exasesor, al que conoció en la época de Navarra, fuera una suerte de “agente encubierto”, porque, de serlo, tendría que haber iniciado tales grabaciones mucho antes de formarse el “gobierno progresista”. Según Puente, no es difícil imaginar por qué García grabó y guardó esos archivos. El juez advierte que los audios son “explícitos” por su participación en los hechos y por su “particular posición”.

El PNV se irrita con la declaración del exsocialista

La entrada en prisión de Cerdán ha tensado, aún más, los equilibrios socialistas con el conjunto de socios, complicando significativamente la ya frágil mayoría parlamentaria. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, consideró que el caso “obliga a una reflexión” y reclamó a su socio de Gobierno una “depuración de responsabilidades políticas y judiciales”, independientemente de quien tenga que caer”. Más contundente fue Podemos. Siguiendo la lógica del creciente distanciamiento que empezó nada más comenzar la legislatura con Sumar, y por extensión, el Ejecutivo, Ione Belarra acusó al PSOE de haber “metido la mano en la caja” y denunció un daño “irreparable” a la democracia. Desde ERC, Isaac Albert avisó a Ferraz de que “la corrupción complica todo” y dificulta la viabilidad de nuevos acuerdos, incluido el pacto presupuestario. Junts, por su parte, pidió “máxima transparencia” al PSOE y exigió que se asuman responsabilidades si se confirman irregularidades. La dificultad de los socios para seguir sosteniendo al PSOE es mayor cada día que pasa. Especialmente en el caso del PNV, que ante la estrategia de defensa empleada por Cerdán –quien ayer deslizó ante el juez que un empresario vinculado a la trama intermedió en el apoyo peneuvista a la moción de censura del 2018– tuvo que defenderse en primera persona de las vinculaciones con el caso Koldo, tachando de “mentira” lo narrado ante el Supremo por el exdirigente socialista.