INE zanja polémica: no habrá recuento de votos en elección judicial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha declarado la validez de la histórica elección del Poder Judicial y ha rechazado de manera unánime las solicitudes de un recuento total de votos. La decisión, basada en que la nueva reforma judicial no contempla dicho mecanismo, intensifica la controversia en un proceso ya marcado por acusaciones de irregularidades y una profunda polarización política.

En una sesión que mantuvo en vilo al ámbito político nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) cerró la puerta a un recuento «voto por voto» de la elección judicial del pasado 1 de junio. Los consejeros argumentaron que la reforma constitucional que dio origen a estos comicios es omisa en ese aspecto, por lo que legalmente no tienen facultades para realizarlo.

Esta determinación valida los resultados que darán forma al nuevo Poder Judicial de la Federación, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de las múltiples impugnaciones y señalamientos de fraude por parte de la oposición y organizaciones civiles.

La postura del INE se ha centrado estrictamente en la legalidad procesal. Al no existir un artículo en la nueva ley que habilite un recuento a solicitud de los candidatos, el instituto concluye que su labor de cómputo ha terminado. Sin embargo, los críticos argumentan que este enfoque ignora la legitimidad democrática del proceso.

La controversia se alimenta de hechos concretos que han manchado la elección:

* Los «acordeones»: Durante la sesión de validación, el consejero Martín Faz reconoció que en el 61% de las casillas, los resultados para los ganadores a la Corte coincidieron con los «acordeones» o guías de voto que fueron distribuidos masivamente antes de la elección, una práctica que viola la normativa electoral.

* Baja participación: Apenas un 13% del padrón electoral participó en la elección, un dato que sus detractores utilizan para cuestionar el mandato de los ganadores.

* Impugnaciones formales: El colectivo «Poder Ciudadano MX» y otros actores de la oposición han presentado formalmente impugnaciones ante el INE y el Tribunal Electoral, buscando la nulidad de la elección por considerarla antidemocrática.

Este choque de visiones plantea una pregunta fundamental que resuena en el debate público: cuando una ley es percibida como un instrumento para subvertir principios democráticos, ¿el simple hecho de seguirla al pie de la letra garantiza un resultado legítimo?

Desde el oficialismo, se defiende la elección como un ejercicio legal y un mandato popular cumplido, desestimando las impugnaciones como intentos de anular la voluntad expresada en las urnas. La magistrada electa Celia Maya, por ejemplo, ha descartado que vaya a existir una «persecución» de jueces.

No obstante, la preocupación trasciende las fronteras. Gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá han manifestado su inquietud de que la reforma politice la judicatura y ponga en riesgo la independencia judicial, un pilar fundamental para la confianza de los inversionistas extranjeros.

«Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas… contra más de 80,000 casillas que no presentan irregularidades… me parece una situación extrema y lamentable.» – Guadalupe Taddei, Consejera Presidenta del INE.

Con la validación del INE, la batalla legal se traslada ahora por completo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tendrá la última palabra sobre las más de 62 impugnaciones presentadas hasta ahora. El futuro del sistema de justicia en México pende de un hilo, en medio de una de las crisis institucionales más profundas de su historia reciente.