Los escándalos cercan a Sánchez

El actual Gobierno ha elevado a cotas inimaginables el deterioro de las instituciones. Alargar la legislatura a 2027 sólo serviría para someter al país a un espectáculo degradante.

La decisión del Tribunal Supremo de levantar el secreto sobre la parte del sumario que investiga el supuesto cobro de comisión por la adjudicación de obra pública por parte del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha generado un terremoto en este partido. Pedro Sánchez se ha visto forzado a exigir la dimisión a su número tres en Ferraz ante la gravedad de los indicios del informe de la Guardia Civil sobre el contenido de los audios intervenidos a la trama organizada en torno al Ministerio de Transportes cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos. Los investigadores apuntan a la existencia de una "organización criminal" en la cúpula del PSOE para obtener fondos de manera irregular de empresas beneficiarias de concesiones cuando Ábalos era el secretario de organización, al que sucedió Cerdán. Es inédito en democracia que sobre los dos últimos responsables de la estructura interna del partido que dirige el Gobierno pesen sospechas fundadas de haber cometido actos ilegales aprovechando su posición política. Por eso, el intento de Sánchez de limitar la depuración de responsabilidades a los investigados en este caso resulta inadmisible. Cabe recordar que, además de Ábalos y Cerdán, del entorno del líder socialista están imputados su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado al que nombró, varios excolaboradores de la Moncloa y el presidente del partido en Extremadura.

El presidente del Gobierno compareció en la sede del PSOE a media tarde para pedir perdón a la ciudadanía y anunciar la dimisión de su secretario de organización, que según dijo le había exigido tras haber tenido conocimiento tan sólo unas horas antes del informe policial que desgrana los tejemanejes de la trama en el partido, de los que afirmó no haber tenido conocimiento hasta ayer pese a que Ábalos y Cerdán han sido parte de sus equipos desde las primarias de 2014. Sánchez, que llevaba sin dar una rueda de prensa desde el pasado 29 de abril, un día después del inédito apagón a nivel nacional del que todavía no ha detallado las causas a pesar de la puesta en marcha de varias comisiones de estudio, avanzó que encargará una auditoría externa de las cuentas del PSOE y hará cambios en la cúpula de la formación que lidera. Bien está, ya que según los investigadores el 80% de las comisiones ilegales fueron a las arcas de la formación, pero los ciudadanos demandan saber qué ha fallado en los mecanismos de control del Estado para que se hayan podido amañar concesiones públicas, y sobre todo qué medidas se van a tomar para que no se vuelva a repetir. El lugar para ofrecer esas respuestas es el Congreso de los Diputados, en una comparecencia extraordinaria que debería producirse con la mayor celeridad, y no la sede de un partido político a punto de implosionar por el comportamiento intolerable de una parte de sus máximos dirigentes.

Lo que ya no tiene remedio es el descrédito ante los ciudadanos de un Gobierno que llegó al poder a través de una censura para regenerar la vida pública y acabar con la corrupción, pero ha terminado elevando a cotas inimaginables el deterioro de las instituciones públicas que ha ido colonizando con miembros afines de su partido, así como la desafección ciudadana hacia sus representantes. Tal como le reprochó Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición y del partido más votado en las elecciones de 2023, Sánchez ya no es creíble ni cuando habla de regeneración, ni cuando habla de lograr más avances sociales, ni cuando habla de cumplir sus compromisos pendientes. Y cuando un gobernante democrático llega a ese punto de no retorno debe admitir su fracaso y devolver el poder a los ciudadanos mediante la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas. Prolongar la legislatura hasta finales de 2027, como ayer reiteró que pretende hacer el presidente, sólo serviría para someter al país al espectáculo degradante de un Ejecutivo que agoniza y es incapaz de aprobar ninguna medida de calado, con el consiguiente perjuicio para la imagen de la economía española ante los inversores extranjeros. Quienes le sostienen en el poder deben impedírselo.