Clínica Primavera de Villavicencio suspendió urgencias por deuda de más de $22.000 millones de Nueva EPS: 1.200 pacientes se quedarán sin atención

La Clínica Primavera de Villavicencio anunció que suspendió su servicio de urgencias desde el pasado 8 de agosto como consecuencia de una deuda de 22.945 millones de pesos que Nueva EPS (intervenida por el Gobierno) mantiene con este centro hospitalario.

En un comunicado, el centro hospitalario señala que la irregularidad en los pagos ha afectado su capacidad operativa y, por ejemplo, ha dificultado la “adquisición de insumos, medicamentos y el sostenimiento del personal médico”.

"Esta situación contradice abiertamente el discurso del Gobierno Nacional, que ha manifestado su intención de fortalecer la red de prestadores y garantizar el acceso oportuno a la salud", detalla la clínica en el comunicado.

Y agrega: "Estamos en riesgo inminente de cerrar servicios esenciales. Los incumplimientos reiterados de Nueva EPS no solo afecta nuestra viabilidad financiera, sino que compromete directamente el derecho a la salud de los usuarios".

El cierre del servicio de urgencias afectará a 1.200 pacientes mensuales, según explica la clínica, que agregó haber notificado formalmente a Nueva EPS, a la Superintendencia de Salud y a la Procuraduría General de la Nación.

“No se trata de un caso aislado: refleja una problemática estructural que hoy impacta a cientos de instituciones prestadoras de salud en todo el país y que exige medidas inmediatas para proteger el sistema y a los millones de colombianos que dependen de él”, indica el comunicado.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro reaccionó al anunció del centro hospitalario a través de su cuenta de X.

"No se agudiza la crisis en la salud. Los resultados que presentaremos públicamente, con mortalidades y morbilidades, hasta la semana 30 desde el 2022 hasta la semana 30 del 2025, muestran un gran salto adelante en los datos de salud de los colombianos. La clínica de la que se habla aquí, giró como préstamo a sus dueños la misma cantidad de dinero que le adeuda la nueva EPS", escribió.

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó el pasado 31 de julio la suspensión inmediata del giro directo de recursos públicos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a los prestadores de la red de Nueva EPS, una de las entidades con mayor número de afiliados en el país. Básicamente, los pagos que la Adres hacía directamente a clínicas, hospitales y otros prestadores que ofrecen sus servicios a usuarios de Nueva EPS, como había pedido el Gobierno, tendrán ahora una nueva verificación para poder realizarse.

La medida, de carácter cautelar, obedece a lo que el organismo de control calificó como un “rezago estructural” en el procesamiento de cuentas médicas por parte de la EPS, que alcanza un acumulado de $11,56 billones, representados en más de 15 millones de facturas sin auditar ni conciliar. Es clave señalar que desde hace más de un año, Nueva EPS, que afilia a más de 11 millones de usuarios en el país, está bajo el control de la Supersalud que no ha logrado mejorar sus estados financieros ni su servicio, según muestran las cifras de aumento en las PQRS.

Desde ahora, cada solicitud de pago por parte de Nueva EPS deberá ser evaluada y certificada por la contralora designada en el marco de la intervención forzosa administrativa que rige sobre la entidad desde abril de 2024. El contralor deberá verificar no solo la documentación y legalidad de los pagos postulados, sino también la distribución equitativa de los recursos, la inexistencia de concentraciones en ciertos prestadores y la correcta priorización según el orden legal de pagos.

Para el exministro de Salud, Augusto Galán, la medida resulta “extraña y desesperada”, y podría terminar profundizando la crisis que ya atraviesa el sistema de salud colombiano. “Es muy extraño que a un interventor se le nombre un contralor”, afirmó Galán, al cuestionar que se establezcan controles posteriores a la intervención forzosa que ya tiene impuesta la Nueva EPS, en lugar de aplicarlos como parte de la vigilancia previa. “Aquí están es como devolviéndose”, advirtió, sugiriendo que la decisión refleja la falta de capacidad para estabilizar la entidad, incluso bajo supervisión estatal directa.

En su análisis, el exministro consideró que esta decisión parece más un intento de frenar el gasto bajo supuestos de “ilegalidad o abusos”, pero recordó que lo que se está viendo es una crisis estructural que afecta a todo el sistema: “Los prestadores están ahogados (…) y la Nueva EPS ha sido incapaz de solucionar su problemática ni de responder adecuadamente a los pacientes”, afirmó. Galán recalcó que un reflejo de eso es el crecimiento sostenido de peticiones, quejas, reclamos y tutelas, en especial contra las EPS intervenidas. “Todo es un problema sistémico”, concluyó.