Fiscalía imputó a azafata por lavado de activos y enriquecimiento ilícito: ¿cuánto dinero puede traer al país alguien que trabaje en una aerolínea?

Superar ese límite sin notificación previa puede acarrear consecuencias penales, tal como quedó en evidencia con el caso de Ada Paola Baracaldo, una auxiliar de vuelo procesada por la Fiscalía General de la Nación por presunto lavado de activos.

Baracaldo, quien trabajaba para una reconocida aerolínea, fue imputada por la Dirección contra el Lavado de Activos luego de que las autoridades descubrieran que, presuntamente, había ingresado a Colombia alrededor de 60.000 dólares en efectivo durante tres vuelos internacionales realizados entre marzo y abril de 2015. Según la investigación, se habría aprovechado de su rol como tripulante para trasladar el dinero sin ser detectada por los controles migratorios y aduaneros.

De acuerdo con el relato de la fiscal del caso durante la audiencia de imputación, uno de los viajes sospechosos ocurrió entre el 24 y el 26 de marzo de 2015. En ese trayecto, la auxiliar habría recibido 20.000 dólares en México y los trajo a Bogotá para entregarlos a un presunto enlace de una red de lavado de dinero. Una semana después, tanto ella como un hombre que sería su pareja, recogieron otros 20.000 dólares cada uno en una casa de cambio de un aeropuerto mexicano. Finalmente, el 6 de abril de ese mismo año, Baracaldo habría coordinado la recogida de más dinero en Nueva York, también con destino final en Colombia.

Las interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía fueron clave para determinar que el dinero sí ingresó al país. “Posteriormente, Ada Paola Baracaldo confirma mediante comunicación telefónica que tanto ella como su compañero sentimental trajeron efectivamente los 20.000 dólares cada uno”, explicó la fiscal en audiencia.

La auxiliar de vuelo no aceptó los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y enfrentará el proceso en libertad. Sin embargo, su caso ha vuelto a poner sobre la mesa la pregunta sobre los límites legales para transportar dinero en efectivo al país, especialmente entre quienes tienen facilidades para viajar constantemente.

La DIAN establece que cualquier persona que ingrese o saque del país más de 10.000 dólares (o su equivalente en otra moneda) debe declararlo expresamente a través del Formulario 530 de Declaración de Dinero en Efectivo. Este requisito aplica para ciudadanos, extranjeros, turistas y, por supuesto, también para las tripulaciones de vuelos comerciales o privados. Omitir esta obligación puede configurar delitos como lavado de activos, contrabando de divisas o enriquecimiento ilícito.

El objetivo de esta norma es prevenir que grandes sumas de dinero circulen por fuera del sistema financiero formal, lo cual dificulta el rastreo de su origen y facilita actividades como el narcotráfico, la evasión fiscal o el lavado de dinero.

Aunque algunas personas puedan pensar que los miembros de la tripulación tienen algún tipo de exención, lo cierto es que la ley aplica por igual para todos. El solo hecho de traer sumas superiores al límite permitido, sin reportarlas, es ya una violación sancionable.

El caso de Ada Paola Baracaldo no es el único, pero sí uno de los más recientes en los que queda en evidencia cómo la condición de auxiliar de vuelo puede ser usada para evadir controles y facilitar redes de criminalidad financiera. La investigación sigue en curso, mientras que las autoridades recuerdan que transportar grandes cantidades de efectivo sin declararlas puede tener consecuencias graves, sin importar quién lo haga o desde dónde se viaje.

Periodista de Medioambiente y Salud