La financiación de la economía social y solidaria se ve afectada por los recortes presupuestarios

¿Debemos esperar una serie de quiebras en la economía social y solidaria (ESS)? Esto es lo que temen los actores de la ESS, este universo de empresas y asociaciones que facilitan la integración, acogen a personas mayores dependientes, apoyan a jóvenes o mantienen vínculos sociales. El ecosistema se enfrenta a «recortes presupuestarios, escasez de subvenciones y una creciente desvinculación del Estado y las autoridades locales» , denuncian, en un borrador de un artículo de opinión aún no publicado, trece firmantes, en primera línea para verlo.

«Lo que el Estado se lleva con una mano, ningún inversor, por muy comprometido que esté, puede compensarlo con la otra. Una reducción de la financiación pública crea así un círculo vicioso, que inevitablemente conlleva una reducción del impacto de los fondos privados», advierten. Entre los firmantes: Laurence Moret, directora de la Fondation du Crédit Coopératif, y Thierry Sibieude, presidente de FAIR, la asociación que gestiona el sello de financiación solidaria Finansol.

«La progresiva desvinculación del Estado, sus agencias y las autoridades locales, iniciada a principios de la década de 2000, se está acelerando», lamenta también Patrick Sapy, director general de FAIR. A mediados de marzo, la mitad de las solicitudes de renovación de subvenciones públicas aún no habían prosperado, el 5 % habían sido rechazadas y el 45 % de las aceptadas habían disminuido, según un estudio del Observatorio Regional de la Vida Asociativa .

Esta tendencia subyacente alcanzó su punto álgido con el anuncio, en abril, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes sobre drásticos recortes en las subvenciones al sector voluntario. Benoît Hamon, presidente de ESS Francia, la cámara francesa de economía social y solidaria, quien también firmó el artículo, se mostró indignado: «Sin ESS, millones de franceses no tendrían acceso a los derechos consagrados en la Constitución», criticó duramente el exministro, quien afirmó que «el Estado está transfiriendo cada vez más su misión de servicio público a las empresas y asociaciones de ESS».

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