Congreso arrancó nuevo intento de acabar el 4x1.000 a 10 años: ¿qué se propone?

El Congreso de la República dio luz verde esta semana, en primer debate, al Proyecto de Ley 222 de 2024 Cámara, que busca eliminar de forma progresiva el gravamen a los movimientos financieros (GMF), conocido como el 4x1.000; en un nuevo intento del Legislativo por acabar con este impuesto que tanto cuida el Gobierno Nacional.

Si bien no son nuevas las intenciones eliminar este tributo, llama la atención que se da justo cuando comienza la cuenta regresiva del gobierno de Gustavo Petro, en una coyuntura que deja al país ante una decisión de largo aliento, con la posibilidad de desmontar una de sus principales fuentes de recaudo sin una compensación clara a la vista.

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El proyecto, de autoría del representante a la Cámara Christian Garcés (Centro Democrático), propuso inicialmente un esquema de reducción que acabaría en 20233. No obstante, luego de una proposición en este debate, se aprobó una transición gradual que comenzará en 2027 y se extenderá hasta 2035. Dicho de otra forma, su ejecución no correrá por cuenta del actual gobierno, sino de la próxima administración. Es decir que el 4x1.000, que ha sido señalado durante décadas como un “impuesto antitécnico” y temporal, comienza a deshacerse justo cuando un nuevo mandatario se posesione en la Casa de Nariño.

Choques fiscales

Durante el primer debate, los congresistas aprobaron una modificación clave al texto original, gracias a la cual el desmonte será más lento y en lugar de iniciar en 2026 con reducciones de medio punto por año, el nuevo cronograma estipula una disminución de 0,25 por mil en 2027 y 2028, seguida de una reducción de 0,5 por mil anual entre 2029 y 2035, hasta llegar a una tarifa de 0x1.000.

En términos prácticos, esto significa que el impuesto desaparecería en 10 años, ya que para los autores del proyecto, esta nueva senda permite mitigar el impacto fiscal inmediato y dar espacio para que los beneficios económicos, como mayor bancarización y formalización, comiencen a traducirse en nuevos ingresos por otras vías.

“Este impuesto nació como transitorio y terminó siendo una carga permanente que afecta a los más vulnerables, desincentiva el uso del sistema financiero y encarece la actividad empresarial”, señaló Garcés, quien dejó claro que este trabajo debe hacerse de forma técnica, gradual y con una visión de competitividad.

Sin embargo, el entusiasmo legislativo no es compartido por el Ministerio de Hacienda. En un concepto oficial enviado a la Comisión Tercera de la Cámara, la cartera dirigida por Germán Ávila se abstuvo de dar concepto favorable y advirtió que el proyecto puede tener un “impacto significativamente negativo sobre la sostenibilidad fiscal” de la Nación.

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Según las estimaciones del Ministerio, solo la primera reducción en 2027 implicaría una pérdida de ingresos de $2,1 billones, y el costo acumulado del desmonte ascendería a $25,5 billones al completarse en 2035. A esto se suma el hecho de que el GMF representó más de $14 billones en 2023, es decir, el 5% del total del recaudo tributario.

La eliminación del impuesto también afectaría al Sistema General de Participaciones (SGP), que se alimenta de los ingresos corrientes de la Nación; mientras que menores recursos significarían menos dinero para salud, educación y saneamiento básico en departamentos y municipios, aumentando la presión fiscal sobre entidades territoriales.

Además, Hacienda recordó que, tal y como está planteado, tendría problemas legales, ya que no se ha definido una fuente de financiación alternativa, lo que viola el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, que exige que todo proyecto con impacto fiscal declare la fuente compensatoria para el gasto o la pérdida de ingresos.

Un impuesto que nunca se fue

El Gravamen a los Movimientos Financieros fue creado en 1998, en medio de una crisis financiera que llevó al país a declarar un Estado de Emergencia Económica y su tarifa original fue de 2x1.000, con vigencia por un año. No obstante, ante nuevas coyunturas, como el terremoto del Eje Cafetero y la necesidad de estabilizar las finanzas públicas, el gravamen fue extendido y luego convertido en permanente en el 2000, cuando se elevó al 3x1.000 y en 2006, la tarifa pasó al 4x1.000 y desde entonces se ha mantenido sin destinación específica.

También hay que recordar que diversos gobiernos han intentado desmontarlo sin éxito, como pasó con la Ley 1739 de 2014, que contempló una senda de reducción que fue revertida en 2016 por la Ley 1819, ante la falta de una fuente de reemplazo. Así mismo, para los técnicos de Hacienda, el GMF ha sido una fuente estable, de fácil recaudo y baja evasión, clave en contextos de restricción presupuestal.

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De esta forma, el momento en que se aprueba este proyecto no es menor, ya que el gobierno Petro está en su recta final y ha dejado clara su intención de no subir más impuestos. Sin embargo, este proyecto plantea el escenario inverso, mediante una reducción de ingresos estructurales sin compensación definida, lo que muchos analistas consideran una reforma tributaria silenciosa.

Aunque el Ejecutivo no lo lidera, sí le permite avanzar, en términos políticos, abre la puerta a una tensión interadministrativa, ya que Petro deja el inicio del desmonte listo para su sucesor, quien enfrentará los efectos fiscales sin haberlo promovido; mientras que el nuevo gobierno (2026-2030) tendrá que decidir si continúa con el cronograma, lo modifica vía nueva ley o lo frena políticamente.

¿Qué sigue en el Congreso?

El proyecto aún debe surtir un debate más en la Plenaria de la Cámara y dos en Senado, lo que abre espacio para ajustes adicionales; mientras que en las próximas sesiones se espera una discusión más profunda sobre la necesidad de definir una fuente de compensación, la viabilidad de implementar la eliminación en simultáneo con otras reformas estructurales y el impacto territorial.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha reiterado su disposición a colaborar con el Congreso, pero ha insistido en que cualquier reforma que implique pérdida de ingresos debe estar alineada con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y respetar la disciplina fiscal; teniendo en cuenta que se trata de una de las columnas del recaudo tributario colombiano y si no se cambia con responsabilidad, podría dejar más heridas que alivios.