Los tres frentes de Díaz con la patronal

La luna de miel de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz con la patronal se fraguó durante la pandemia, se prolongó hasta permitir cerrar una reforma laboral transformadora con consenso, y desde ese momento, se fue deteriorando progresivamente. Ahora, sigue el desgaste de la relación, con acusaciones públicas recurrentes; con la patronal buscando apoyo en otros miembros del Gobierno, léase Carlos Cuerpo, en el marco de un continuo desentendimiento entre las partes. Ninguna iniciativa destacada de Trabajo en los últimos meses ha contado con el apoyo de la patronal.

Ahora mismo, Díaz tiene tres grandes frentes de choque con la CEOE. La reducción de jornada, que se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes; el establecimiento por ley de un salario mínimo interprofesional (SMI) mínimo del 60% del salario medio, que Trabajo está planteando; y la modificación de la indemnización por despido, impulsada por los recursos de los sindicatos al Comité Europeo de los Derechos Sociales.

La luna de miel anterior de Yolanda Díaz con la CEOE ha derivado en un enfrentamiento constante

El choque principal es la jornada de 37,5 horas. Si para Díaz supone el equivalente, en términos de proyección, con la reforma laboral de la anterior legislatura, para Antonio Garamendi es terreno imposible. Tanto su efecto como la manera de aplicarlo, por ley y no a través de la negociación colectiva, son inaceptables, por lo que la CEOE acusa a Díaz de oportunismo político, de frenar la negociación colectiva y advierte del grave impacto que tendrá sobre las empresas, especialmente las pymes. Ahora, una vez el anteproyecto sea aprobado por el Consejo de Ministros, le faltará el recorrido más duro. Su paso por un Congreso de los Diputados donde el texto no tiene los votos asegurados. Un escenario en el que, Junts, una vez más, puede ser determinante. A Carles Puigdemont llevan tiempo cortejándolo tanto Josep Sánchez Llibre como Yolanda Díaz.

Otro elemento que subleva a la CEOE es la propuesta de Trabajo de fijar por ley un aumento anual del SMI que corresponda a una cantidad igual o superior al 60% del salario medio. Es la oferta que el ministerio trasladó esta semana en la mesa de diálogo social para la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos. “La cuantía del salario mínimo interprofesional será, en todo caso, igual o superior al sesenta por ciento del salario medio neto en España”, afirma la propuesta de modificación del Estatuto de los Trabajadores.

Se incluyen otras novedades, como añadir a los criterios para fijar el SMI la garantía de un nivel de vida digno, el incremento de la cohesión social y “atendiendo al fenómeno de la pobreza laboral”. Otro elemento a tener en cuenta son los salarios más bajos. Todos estos criterios se añadirían a los ya existentes, como la inflación, la productividad media nacional, la coyuntura económica y el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.

El tercer frente se abrirá cuando en los próximos meses se haga pública la resolución del Comité Europeo de los Derechos Sociales sobre la indemnización por despido, a partir de un recurso de CC.OO. Se espera que, como ocurrió anteriormente con otro recurso de UGT, la resolución reclame cambios en la legislación española al considerar que la indemnización actual por despido improcedente, un máximo de 33 días por años trabajado con tope de 24 mensualidades, da lugar a situaciones injustas, especialmente en el caso de contratos de corta duración. Este tema sindical cuenta con el apoyo de Trabajo, y en cambio, con reticencias por parte del ala socialista del Gobierno, reacios a abrir otro melón de dificultades.

La reforma laboral pasa su examen

La comisión de Evaluación de la reforma laboral se ha puesto en marcha esta semana y deberá entregar sus resultados antes de que finalice el año. Dependiente del Ministerio de Trabajo está formada por expertos de diferentes áreas del Gobierno, del Banco de España, de los sindicatos y, esta vez a diferencia de otras comisiones, también de la patronal, con la misión de evaluar los efectos sobre la temporalidad de la reforma laboral. Un temporalidad que formaba parte de los problemas estructurales del mercado laboral español y que la reforma ha corregido. Ahora, la comisión tiene que determinar en qué grado. En la presentación de la comisión, Yolanda Díaz calificó la reforma de punto de inflexión “porque abordó el abuso de la temporalidad”, mientras que la CEOE sacó poco después un comunicado calificando a la ministra de oportunista y recordando que es en el sector público donde es más elevada la temporalidad.