Suprema Corte de EU desestima demanda contra armerías

La Corte Suprema de Estados Unidos impidió el jueves que dos empresas estadounidenses de armas sean demandadas por el gobierno de México, que las acusó de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego a los cárteles de la droga y de alimentar la violencia armada en el país.

En un fallo de 9-0, los jueces anularon la sentencia de un tribunal inferior que había permitido que prosiguiera la demanda contra el fabricante de armas de fuego Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms. El tribunal de primera instancia había considerado plausible el argumento de México de que las empresas ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas, perjudicando a su gobierno.

Smith & Wesson e Interstate Arms habían solicitado la desestimación de la demanda de México, presentada en Boston en 2021, al amparo de una ley estadounidense de 2005 denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que exime a las empresas armamentísticas de responsabilidad por delitos cometidos con sus productos.

La Corte de Apelaciones del primer circuito de Estados Unidos, en Boston, había decido en 2024 que la supuesta conducta de las empresas quedaba fuera de estas protecciones.

La demanda de México, acusaba a las dos empresas de violar varias leyes estadounidenses y mexicanas. México alega que las empresas han mantenido deliberadamente un sistema de distribución que incluía a comerciantes de armas de fuego que, a sabiendas, vendían armas a terceros, o compradores “de paja”, que luego traficaban con los cárteles en México.

La demanda también acusaba a las empresas de diseñar y comercializar ilegalmente sus armas como si fueran de grado militar para aumentar la demanda entre los cárteles, incluso asociando sus productos con el ejército y las fuerzas de seguridad estadounidenses. Las empresas de armas dijeron que fabrican y venden productos legales.

México rechaza fallo

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallo y aseguró que continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para frenar el tráfico ilícito de armas.

“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país, y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas”, señaló la dependencia en el texto compartido mediante los canales oficiales de la dependencia.

Mientras que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que participó como amicus curiae, también lamentó la resolución.

“Reconocemos el esfuerzo de los equipos legales de la SRE para impulsar estrategias novedosas frente a una industria que se enriquece comercializando con laxitud muchas de las armas que en México causan muerte y dolor”, señaló la organización en redes sociales.

Por su parte, el abogado Jon Lowy, presidente de Global Action on Gun Violence (GAGV) y representante de la defensa de México, declaró que el fallo no refuta los argumentos del país sobre el papel deliberado de la industria armamentista en el flujo ilegal de armas.

“La demanda fue desechada solo por una concesión especial del Congreso al lobby de armas”, afirmó.

También se detalló que la resolución no afecta el curso de una segunda demanda presentada por México en 2022 ante un tribunal en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas distribuidoras de armas. Ese litigio continúa su curso y se encuentra actualmente en fase de producción de evidencia.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería, reiteró que el gobierno mexicano no abandonará su exigencia de que esta industria prevenga que sus productos terminen en manos del crimen organizado.

“Debemos seguir insistiendo en que la clave para atender los tráficos ilícitos es desarmando al crimen organizado. Y los fabricantes y vendedores de armas bien pueden ayudar. Es hora”, escribió Celorio en una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, después de conocerse la decisión del máximo tribunal estadounidense.

Decomiso de armas

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, En cuatro meses de acciones coordinadas en la frontera norte del país, autoridades mexicanas han logrado el decomiso de 3,353 armas de fuego 554,854 cartuchos y 16,164 cargadores, como parte de la “Operación Frontera Norte”, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Diversos estudios, entre ellos uno de El Colegio de México y otro del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, coinciden en que ingresan ilegalmente al país alrededor de 200,000 armas al año, es decir, unas 16,666 al mes, por lo que el decomiso reportado en la operación sólo significaría el 4.95% de las armas que ingresan, en promedio, de manera ilegal al país.

Claves de la demanda mexicana contra empresas de armas

• Agosto 2021: El gobierno de México presenta una demanda civil en una corte federal de Boston contra 11 fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses. Se les acusa de prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilegal.
• Septiembre 2022: Un juez federal en Massachusetts desestima la demanda, argumentando que las empresas están protegidas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005.
• Octubre 2022: México apela la decisión ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, sosteniendo que la PLCAA no debería aplicarse a daños ocurridos fuera de EU.
• Enero 2024: La Corte de Apelaciones del Primer Circuito falla a favor de México, determinando que la demanda puede proceder y que las empresas no están protegidas por la PLCAA para este caso.
• Agosto 2024: Un juez federal en Boston desestima nuevamente el caso contra seis de las ocho empresas demandadas, argumentando falta de jurisdicción. La demanda continúa contra Smith & Wesson e Interstate Arms y se celebra una audiencia en la Corte de Distrito en Boston para analizar las próximas etapas del litigio.
• Marzo 2025: La Corte Suprema de EU celebra una audiencia para determinar si las empresas demandadas gozan de inmunidad bajo la PLCAA.
• Junio 2025: La Corte Suprema de EU desestima por unanimidad la demanda de México, concluyendo que las empresas están protegidas por la PLCAA y que México no presentó pruebas suficientes.