Diputados reciben reforma para combatir desapariciones con CURP biométrica

La Cámara de Diputados recibió este sábado el proyecto de decreto aprobado por el Senado de la República, que reforma profundamente la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley sobre Desaparición Cometida por Particulares y la Ley General de Población.

Se trata de una reforma histórica que busca responder a una de las crisis más dolorosas que enfrenta México: la desaparición de personas. Una tragedia que ha marcado generaciones enteras, arrancado familias, sembrado el miedo y que, ahora, podría tener herramientas más efectivas para enfrentarse.

Uno de los puntos clave de esta reforma es la instrucción para que la Secretaría de Gobernación cree, en un plazo máximo de tres meses, la Plataforma Única de Identidad. Esta plataforma interconectará las bases de datos públicas y privadas, vinculadas a una CURP biométrica, permitiendo una búsqueda más ágil y precisa de personas desaparecidas.

Esta CURP biométrica integrará huellas dactilares, reconocimiento facial y otros datos biológicos, lo que facilitará cruces de información automatizados entre registros oficiales, hospitales, servicios forenses y bancos de datos privados.

La nueva legislación no solo propone herramientas tecnológicas, también endurece las sanciones. Aquellos particulares o entidades que no colaboren o se nieguen a entregar información relevante para la localización de personas serán acreedores a multas que van de 1 a 2 millones de pesos.

Con esto, el Estado mexicano busca reducir el manto de silencio e impunidad que tantas veces ha cubierto los casos de desaparición, sobre todo cuando hay empresas, instituciones o particulares que se niegan a colaborar.

Otro de los puntos medulares de la reforma es la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, una herramienta que se activará de inmediato ante cualquier reporte de persona desaparecida.

Esta alerta funcionará como una notificación masiva y federal, coordinada con la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación, la cual será alimentada en tiempo real por todas las fiscalías, tanto locales como federal.

Se pretende así eliminar el retraso burocrático que ha sido uno de los principales obstáculos en las primeras horas de búsqueda, consideradas cruciales para la localización con vida.

Otro eje de la reforma es la obligación para que todos los servicios forenses y periciales, tanto estatales como federales, practiquen pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de enviar cuerpos no identificados a fosas comunes.

Además, estos resultados deberán integrarse obligatoriamente al Banco Nacional de Datos Forenses, el cual se fortalecerá mediante la interconexión de bases de datos de fiscalías, servicios médicos, hospitales y tribunales.

Esto responde a la demanda de miles de familias que, ante la falta de identificación oficial de restos humanos, han tenido que buscar entre cementerios clandestinos, morgues colapsadas y registros incompletos, en una odisea emocional y burocrática que ha durado años.

La reforma también establece que cada entidad federativa y la Federación deberán contar con fiscalías especializadas en desaparición forzada, así como personal capacitado y certificado para investigar este tipo de delitos.

Esta profesionalización apunta a evitar los errores sistemáticos que históricamente han entorpecido o revictimizado a las familias, y que han contribuido a la impunidad estructural en este delito.

El documento, de 40 páginas, ya está en manos de los legisladores en San Lázaro. Según declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, esta iniciativa será una de las tres prioridades para las sesiones del lunes, martes o miércoles.

De aprobarse, México daría un giro legislativo sin precedentes en la forma en que busca a sus desaparecidos: con tecnología, con protocolos más humanos, con castigos reales y con una voluntad legal más clara.