¿Espionaje o protección? El choque por la nueva Ley Telecom en México

La aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones ha encendido una feroz batalla política. Mientras la oposición denuncia que la ley abre la puerta a un espionaje masivo, con acusaciones directas de analistas como Raymundo Riva Palacio, el gobierno asegura que son facultades preexistentes.

Más allá de los beneficios sociales que promete, la nueva Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha nacido en medio de una profunda controversia política que toca una de las fibras más sensibles de cualquier democracia: el miedo a la vigilancia estatal. La aprobación de la norma ha desatado un choque frontal entre el gobierno y las fuerzas de oposición, quienes han lanzado una grave acusación: que la ley es un caballo de Troya para el espionaje ciudadano.

El núcleo del conflicto reside en la interpretación de ciertos artículos que, según legisladores de oposición, otorgan al gobierno federal facultades excesivas para monitorear las comunicaciones de los ciudadanos sin los contrapesos adecuados. Esta preocupación ha sido amplificada por voces críticas fuera del Congreso. El periodista Raymundo Riva Palacio, por ejemplo, ha sido contundente, acusando directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de mentir sobre los alcances de la ley y afirmando sin rodeos: «Sí es espía».

«Sí es espía’: Acusa Riva Palacio a Sheinbaum de mentirosa por Ley de Telecomunicaciones.»

Esta frase encapsula la narrativa de la oposición: que el gobierno, bajo el pretexto de modernizar el marco legal y proteger la soberanía, está en realidad construyendo una arquitectura de vigilancia que amenaza las libertades civiles.

Frente a estas acusaciones, la postura oficial ha sido firme. Tanto la presidenta Sheinbaum como José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, han argumentado que los artículos señalados no son una innovación de esta administración. Sostienen que estas facultades ya estaban presentes en la ley de 2014 y que, por lo tanto, no se están creando nuevos mecanismos de espionaje.

La defensa del gobierno se centra en un argumento de continuidad legal, buscando desactivar las alarmas al asegurar que no se ha alterado el statu quo en materia de seguridad y vigilancia. Sin embargo, este argumento técnico choca con una percepción pública moldeada por una histórica desconfianza hacia el poder.

Subyacente a este debate técnico-legal, se libra una batalla por el poder y la narrativa. La propia fuente de la noticia original identifica el «poder mediático» como un factor clave. La nueva ley, con sus cláusulas sobre propaganda extranjera y el fortalecimiento de medios comunitarios, es vista por algunos como un intento del gobierno de reequilibrar la balanza de poder frente a los grandes conglomerados de medios de comunicación, quienes tradicionalmente han ostentado una enorme influencia en la opinión pública.

El debate sobre el espionaje, por tanto, no puede desvincularse de esta lucha más amplia. Para la oposición, es una prueba de las tendencias autoritarias del gobierno. Para el gobierno, podría ser una reacción del poder establecido a una ley que amenaza sus intereses.

La confianza, o la falta de ella, es el verdadero campo de batalla. La pregunta que queda en el aire para los ciudadanos no es tanto sobre la redacción exacta de un artículo, sino sobre una cuestión mucho más fundamental: ¿se puede confiar en que el gobierno en turno no abusará de las facultades que la ley le otorga? La respuesta a esa pregunta definirá el legado de esta polémica reforma.