Guerra cultural en las aulas: la educación como campo de batalla política en América Latina

En la última década, la educación se ha convertido en un nuevo frente de la polarización política en América Latina. Temas como la inclusión de la ideología de género, el abordaje de la historia reciente y la forma de enseñar derechos humanos han convertido los programas escolares en escenario de intensos debates entre gobiernos, partidos y organizaciones de la sociedad civil.

Lo que antes parecía un asunto exclusivamente pedagógico ahora es un instrumento clave para grupos conservadores y progresistas que buscan moldear la visión de la sociedad desde las aulas. En países como México, Brasil y Argentina, los libros de texto, los programas de civismo y los contenidos sobre diversidad han sido objeto de campañas que exigen su modificación o eliminación.

En México, la polémica se desató en 2023 cuando el gobierno federal presentó la nueva edición de libros de texto gratuitos, en los cuales se integraban temas sobre inclusión, diversidad sexual y crítica al modelo económico neoliberal. Sectores conservadores, asociaciones de padres de familia y partidos opositores denunciaron que los libros eran instrumentos de adoctrinamiento y promovían la “ideología de género”.

Organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia interpusieron amparos para frenar su distribución en varios estados. A nivel local, gobernadores de oposición ordenaron no repartir los libros o incluso retirarlos de las escuelas. Por otro lado, sindicatos de maestros y colectivos progresistas defendieron el contenido como una actualización necesaria para reflejar la realidad social del país.

En Brasil, el movimiento Escola Sem Partido (Escuela sin Partido) ha sido uno de los principales impulsores de la llamada “guerra cultural”. Nació a mediados de la década pasada con el objetivo de denunciar supuestas prácticas de adoctrinamiento ideológico por parte de docentes, especialmente en temas de política, género y sexualidad.

Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, el proyecto recibió apoyo oficial, impulsando proyectos de ley para prohibir cualquier manifestación política en las aulas y obligar a los profesores a mantenerse “neutrales”. Aunque los proyectos no avanzaron a nivel federal, sí influyeron en debates locales y generaron un ambiente de desconfianza hacia los educadores.

En Argentina, las discusiones sobre la forma de enseñar la historia reciente, especialmente la dictadura militar (1976-1983), también se han convertido en motivo de disputa política. Sectores conservadores sostienen que los contenidos actuales presentan una visión parcial y fomentan el odio hacia las Fuerzas Armadas, mientras que defensores de los derechos humanos exigen mantener una perspectiva crítica que evidencie las violaciones cometidas durante el terrorismo de Estado.

En 2024, el cambio de gobierno en varias provincias impulsó intentos de revisar los materiales de historia y civismo, provocando protestas de organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y sindicatos docentes que consideran estas medidas un retroceso en la construcción de la memoria democrática.

La pregunta central en esta batalla cultural es quién tiene la legitimidad para decidir qué contenidos deben enseñarse en las escuelas públicas. Para algunos, el Estado debe reflejar los valores de la mayoría, mientras que para otros, la educación debe promover la diversidad, la inclusión y el pensamiento crítico.

Expertos en pedagogía y derechos humanos, como Claudia Romero de la Universidad Torcuato Di Tella, señalan que el riesgo de convertir el sistema educativo en un campo de disputa política constante es la deslegitimación de la escuela como espacio común de aprendizaje y la profundización de la polarización social.

Este fenómeno no es exclusivo de la región. Países como Estados Unidos, Hungría o Polonia viven procesos similares en los que los contenidos escolares son objeto de disputas que buscan influir en la identidad cultural y política de las nuevas generaciones.

Sin embargo, en América Latina, la fragilidad institucional y la desigualdad educativa agravan las consecuencias de estas disputas: cada ciclo de gobierno podría imponer su propia versión de la historia, ciencia o valores, dificultando la construcción de consensos sociales a largo plazo.

Frente a este escenario, organizaciones como la UNESCO y expertos en políticas educativas plantean la necesidad de construir acuerdos básicos sobre contenidos esenciales y garantizar la participación de maestros, padres y especialistas para reducir la manipulación política del sistema educativo.

En un contexto de creciente polarización, el desafío será mantener a la educación como un espacio para el desarrollo integral de los estudiantes y no como herramienta de confrontación ideológica, asegurando que los contenidos promuevan el respeto, la diversidad y el pensamiento crítico, pilares de toda sociedad democrática.