«No podemos soltarlos sin protección»: Jueces del Edomex lanzan alerta

En una declaración contundente, dos jueces federales recién electos para el Estado de México han solicitado urgentemente reforzar las medidas de seguridad para el personal judicial y ampliar el número de juzgados, citando la enorme carga de trabajo y la peligrosidad de los casos que se ventilan, muchos de ellos ligados al penal de máxima seguridad del Altiplano.

El Estado de México, sede del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, se ha convertido en uno de los circuitos judiciales más complejos y peligrosos del país. Ante este panorama, dos nuevos jueces federales en materia penal, Carmen Ortega Gutiérrez y Alejandro Latorre Lozano, han lanzado una seria advertencia: es indispensable y urgente reforzar la seguridad para todo el personal judicial y crear más juzgados para hacer frente a la abrumadora carga de trabajo.

«No podemos soltar a los juzgadores y al personal sin protección, todos somos parte de un engranaje. Si se presiona al sistema de justicia, también se presiona al país”, advirtió la jueza Carmen Ortega, resumiendo la gravedad de la situación.

Los argumentos de los nuevos juzgadores, quienes recibieron sus constancias tras la histórica elección judicial, se basan en una realidad innegable. La Fiscalía General de la República (FGR) judicializa en el Estado de México los casos de mayor impacto contra integrantes de la delincuencia organizada, precisamente por la presencia del penal del Altiplano en Almoloya de Juárez.

Esto significa que los juzgados de este circuito deben atender procesos de alta complejidad y peligrosidad, involucrando a líderes de cárteles y criminales de alto perfil. A pesar de ello, la infraestructura judicial es insuficiente. La jueza Ortega comparó la situación con la Ciudad de México, que cuenta con 16 juzgados penales, mientras que el Estado de México, con una problemática similar o mayor, solo tiene cuatro. Considera «urgente crear al menos tres juzgados más» para abatir el rezago.

> «El principal reclamo de los ciudadanos es el rezago judicial, que no siempre se debe a la falta de profesionalismo, sino a la falta de personal.» – Juez Alejandro Latorre Lozano.

La exigencia no es solo por más recursos materiales, sino por protección humana. Los jueces subrayan que la seguridad debe extenderse a todo el personal que conforma el sistema de justicia: secretarios, actuarios, oficiales y administrativos. La presión sobre el sistema judicial, advierten, es una presión directa sobre la estabilidad del país.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta pública y directa del Poder Judicial de la Federación o del Consejo de la Judicatura a esta petición específica. Sin embargo, la declaración de los jueces electos pone sobre la mesa un debate fundamental sobre las condiciones en las que se imparte justicia en México. Garantizar la integridad física de quienes juzgan a los criminales más peligrosos no es un privilegio, sino una condición indispensable para mantener la autonomía, la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, pilares fundamentales de cualquier Estado de derecho. La pelota está en la cancha de las autoridades federales para atender este llamado antes de que la presión sobre el sistema se vuelva insostenible.