Inicia el OAJ «nueva justicia» con asignación de 846 personas juzgadoras

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) dio inicio formal a la etapa operativa de su programa de “nueva justicia” con la adscripción de 846 personas juzgadoras, quienes fueron electas durante la jornada cívica del 1° de junio y tomaron protesta ante la Cámara de Senadores. Este proceso marca un paso clave hacia la implementación de un modelo de justicia “cercana a la gente, sin privilegios ni sesgos sociales”, según señalaron las autoridades del OAJ.

Las juezas, jueces, magistradas y magistrados seleccionados quedarán oficialmente adscritos a sus cargos a partir del 15 de septiembre, y podrán consultar el detalle de sus asignaciones, comisiones, reubicaciones y prórrogas en el portal oficial del OAJ aquí.

El OAJ explicó que las adscripciones se definieron con base en las necesidades y cargas de trabajo de los distintos órganos jurisdiccionales, con el fin de garantizar una atención eficiente a la ciudadanía. Con ello, la institución busca consolidar una justicia de calidad, ágil y cercana, que refleje un rostro humano en cada actuación judicial.

La implementación de estas medidas se enmarca dentro del proceso electoral extraordinario a cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, y constituye la base para fortalecer la administración de justicia en todo el país.

Entre los nombramientos más relevantes figuran:

• Eluzai Rafael Aguilar Salazar Quintero, adscrita al juzgado sexto de distrito en materia administrativa en Jalisco, con residencia en Zapopan.
• Madián Sinaí Menchaca Sierra, asignada al juzgado primero de distrito en materia administrativa en Jalisco, también con residencia en Zapopan.

Estas designaciones han generado cuestionamientos debido a la relación de ambas juezas con liderazgos de la iglesia Luz del Mundo, cuyo dirigente, Naasón Joaquín García, fue sentenciado en Estados Unidos por delitos de abuso de menores.

Otro caso de interés es el de Irlanda Gabriela Pacheco Torres, juez de distrito en materia penal asignada al pleno regional en materias penal y de trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Apenas nueve días después de rendir protesta ante el Senado, solicitó licencia sin goce de sueldo hasta el 2 de marzo de 2026. Su nombramiento fue impugnado por la aspirante Luisa Amanda Rivero Espinosa, quien alegó que Pacheco Torres había sido vinculada a proceso por fraude procesal y uso de documentos falsos, delitos relacionados con la administración de justicia.

Otro ejemplo destacado es el del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien ocupará ahora el primer tribunal colegiado en materia administrativa en el Estado de México. Delgadillo Padierna es reconocido por haber vinculado a proceso y dictado prisión preventiva contra la ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en 2019; Robles quedó libre en 2022.

Con la asignación de estos 846 cargos, el OAJ busca reforzar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, mediante un modelo que prioriza la eficiencia, imparcialidad y cercanía con los usuarios. La institución destacó que las decisiones de adscripción se tomaron considerando el balance territorial y la carga de trabajo, evitando concentraciones de poder en regiones específicas y promoviendo un acceso más equitativo a la justicia.

Este proceso forma parte de un esfuerzo más amplio para consolidar la “nueva justicia” en México, un modelo que pretende alejarse de los privilegios históricos y sesgos sociales que, según críticos, han marcado el funcionamiento del Poder Judicial.

El inicio de funciones de las 846 personas juzgadoras adscritas por el OAJ representa un paso importante en la modernización del sistema judicial mexicano. A través de este proceso, se busca garantizar un acceso más justo, eficiente y humano a la justicia, al tiempo que se atienden las necesidades de carga laboral de los distintos órganos jurisdiccionales.

A pesar de las polémicas surgidas en torno a ciertos nombramientos, el Órgano de Administración Judicial asegura que estas medidas sientan las bases de un sistema más cercano a la ciudadanía, transparente y profesional, lo que podría marcar un precedente para futuras reformas en la impartición de justicia en México.