Los próximos pasos hacia la Hacienda catalana: expertos, grupo de trabajo y plan director

España se prepara para acometer un giro de 180 grados en uno de los pilares básicos del Estado: su administración tributaria. La transferencia de todos los impuestos empezando por el IRPF y la introducción de nuevos límites a la solidaridad interterritorial son demandas históricas del nacionalismo catalán y desde este lunes, los pilares del modelo de financiación "bilateral" que va a tener Cataluña.

Así lo acordaron ayer en un documento de "bases" los Ejecutivos central y autonómico, que por ahora no da detalles sobre el calendario ni tampoco cuál será su impacto en las arcas de las diferentes administraciones. Ahora, un grupo de trabajo con representantes de ambos Ejecutivos pasará de los principios a las concreciones. Paralelamente, también será necesario reformar varias leyes en las Cortes Generales.

Las "bases" del nuevo modelo se acordaron formalmente en el encuentro que ayer mantuvo la comisión bilateral Estado-Generalitat, y que presidieron el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.

Este último destacó que, con los cambios que se introducirán, se va a dar cumplimiento al principio de ordinalidad. O sea, que en la clasificación de recursos públicos por habitante de las 15 autonomías de régimen común, ninguna pierda posiciones antes y después de aplicarse los mecanismos de nivelación y solidaridad.

De esta forma, y a diferencia de País Vasco y Navarra, Cataluña seguirá aportando, pero menos que ahora. Ello afectará forzosamente al resto de autonomías, aunque en la rueda de prensa posterior a la bilateral, el ministro Torres no concretó si el Gobierno reforzará las aportaciones al resto de comunidades o bien si habrá mecanismos transitorios ante el descenso de ingresos que sufrirán.

También se desconoce la cantidad que, con el cambio de modelo, pasará a recaudar la Generalitat a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ni tampoco cuáles serán los ingresos adicionales que obtenga el Govern. De esta última cuestión, dará detalles el grupo de expertos que hace un año nombró el president, Salvador Illa, y que sigue trabajando.

Otra incógnita es cuál será el grado de colaboración entre la ATC y Hacienda. El texto acordado habla de un funcionamiento "federal", con un "modelo en red" y "reglas de coordinación". Sin embargo, ello contradice el acuerdo que hace un año firmaron ERC y los socialistas, en el que los republicanos se comprometían a apoyar la investidura de Illa. A cambio, se establecía que sería la ATC quien "gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos" y que se empezaría por la próxima campaña del IRPF, correspondiente a este año y que los contribuyentes deberán realizar en primavera de 2026.

El documento aprobado por la bilateral destaca que la asunción de nuevas competencias por parte de la ATC va a ser "progresiva" y abre la puerta a "futuros acuerdos en otros tributos" más allá del IRPF. El objetivo es replicar el pacto que a principios de año alcanzaron los dos Gobiernos, y que permitirá a la ATC participar próximamente en la recaudación de Matriculaciones.

Albert Dalmau no escondió que en una primera etapa, ambas Haciendas deberán cooperar ya que el contraste en medios informáticos y humanos es abismal. La ATC emplea a alrededor de 850 personas y, con las diferentes convocatorias que están en marcha, se prevé sobrepasar la barrera del millar de trabajadores en los próximos meses. Serán cuatro veces menos de los más de 4.000 efectivos de los que dispone la Hacienda estatal en Cataluña. Su recaudación también es muy diferente: los 5.000 millones de la ATC procedentes de los tributos propios y cedidos contrastan con los 30.000 millones que ingresa Hacienda únicamente con el IPRF.

Torres y Dalmau insistieron en que el nuevo modelo para Cataluña será "generalizable" a todas las autonomías de régimen común que así lo deseen, por lo que la financiación catalana será "bilateral" y "multilateral" al mismo tiempo, dijeron.

Antes de que acabe el mes, la Generalitat prevé hacer público el nuevo plan director de su Hacienda, donde pondrá fases a su crecimiento. Su redacción ha ido a cargo de Indra y este encargo figuraba en uno de los suplementos de crédito que el Parlament ha convalidado este año para poder gastar más pese a la prórroga presupuestaria.

Cuando el nuevo modelo esté totalmente desplegado y todos los impuestos sean recaudados por la Generalitat, las dos administraciones se distribuirán los ingresos en un porcentaje que aún no ha trascendido y que deberá especificar el nuevo redactado de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Las cifras y los resultados se desconocen pero no la metodología que se seguirá. En el cálculo, se tendrá en cuenta el coste de los servicios que presta el Estado en Cataluña. La asignación de recursos y la aplicación de mecanismos de nivelación será más sencilla que la actual, aseguran, sin adelantos y menos fondos especiales para financiar las competencias que todas las comunidades compaten.

Sin embargo, la Generalitat cuenta con atribuciones que no ostentan otros territorios, como su propia policía que está desplegada por todo el territorio. Otro cambio que está en marcha es el traspaso de Cercanías, que pasará a operar una empresa mixta.

Estas atribuciones recibirán financiación estatal, en un porcentaje, metodología y periodicidad todavía por concretar, y su cómputo se calculará a parte. Otro cambio de calado sería el refuerzo de las competencias del Parlament a la hora de legislar sobre fiscalidad.