PSOE y ERC negocian la capacidad de la hacienda catalana

A falta de tres días para la celebración de la comisión bilateral Estado-Generalitat que debe servir para empezar a sentar las bases del nuevo modelo de financiación singular y avanzar en la recaudación de impuestos por parte de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), el acuerdo con Esquerra Republicana aún no está cerrado. En la negociación hay algunos escollos y lo que ocurra en estas tres jornadas hasta la cita entre los gobiernos catalán y español será decisivo.

Aunque el clima no es de inquietud, sí que hay discrepancias en cuanto a las capacidades que deberá tener la Agència Tributària de Catalunya. Para asumir la recaudación de distintos tributos –el primero será el IRPF para el 2026–, este ente se tendrá que reforzar desde el punto de vista personal y material, pero también normativo. La fotografía del momento refleja que los republicanos demandan una redimensión de la ATC superior a la que contemplan los socialistas.

Coinciden en impulsar cambios legislativos para el nuevo modelo, pero el redactado no está cerrado

ERC sostiene que esta demanda contribuiría al mantenimiento del control de la Agencia Tributaria estatal sobre la catalana, punto que la formación independentista no ve con buenos ojos. La cuestión es que, más allá de la recaudación de los impuestos, para la formación de Oriol Junqueras también es fundamental la gestión impositiva, en consonancia con lo pactado para la investidura de Salvador Illa, por tanto, la capacidad de recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos que se pagan en Catalunya.

Pese a las dificultades, las negociaciones prosiguen y lo harán hasta el último momento. Por eso ambas partes insisten en restar importancia a los obstáculos surgidos sobre el despliegue de la ATC, y remarcan el calado de un acuerdo político que marcará un nuevo camino en la financiación autonómica, vinculado al refuerzo de la autonomía fiscal de los territorios –puesto que el modelo será exportable al resto de autonomías–, y a los principios básicos preestablecidos en el pacto con ERC: la necesaria solidaridad limitada por la ordinalidad.

La previsión es que lo que surja del lunes permita avanzar en la progresiva gestión, por parte de la Agència Tributària de Catalunya, de toda la cesta de impuestos, pero para eso será necesario reforzar las funciones de la ATC. La prueba de fuego será la renta del 2026, para lo que serán necesarias una serie de modificaciones legislativas que así lo habiliten. Con estos cambios normativos, ERC aspira a blindar el nuevo modelo de financiación catalán ante eventuales cambios de gobierno.

En este sentido, el PSOE y Esquerra están de acuerdo en la necesidad de impulsar en el Congreso una proposición de ley que habilite la cesión de los impuestos a Catalunya, aunque esta iniciativa aún no encuentra un redactado de consenso.

De hecho, cabe señalar que el acuerdo entre el PSC y los republicanos apunta a modificaciones en la LOFCA, la ley de financiación de las comunidades autónomas y la ley de cesión de tributos para implementar el nuevo modelo de financiación.

Además, dicho acuerdo hace alusión a un “despliegue calendarizado” del nuevo modelo de financiación, aspecto en el que ERC también busca concreciones. Sin embargo, difícilmente surgirán compromisos temporales precisos de la reunión bilateral del lunes.