¿Qué piensa la UE de la amnistía?

Mientras el Tribunal Supremo y el Constitucional (TC) acaparan titulares, existe un procedimiento judicial contable que afecta a los líderes independentistas y que actúa de avanzadilla ante la justicia europea en la aplicación de la ley de Amnistía. La causa del Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O y la promoción exterior de la Generalitat es la cenicienta del procés , lejos de las grandilocuencias de Manuel Marchena y el runrún político que rodea a la presidencia de Cándido Conde-Pumpido en el TC. Un año después de su aprobación, el aval constitucional a la amnistía se espera a finales de junio, pero la norma lleva meses navegando en silencio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas, exconsejeros y altos cargos –hasta 35– se les reclama la devolución de 3,1 millones de euros a la Generalitat por el 1-O, a pesar de que no se siente perjudicada y, además, avala a los implicados mediante el Institut Català de Finances.

La vista inicial se celebró en noviembre del 2023, pero la instructora de la causa, Elena Hernáez –nombrada a propuesta del PP–, dejó las conclusiones para enero del 2024. La resolución se fue retrasando sin más motivo aparente que esperar a la aprobación de la ley de Amnistía y cuestionar su aplicación. Hernáez convirtió el caso contable del 1-O en la primera prueba del algodón de la amnistía en el tribunal de Luxemburgo adonde remitió unas cuestiones prejudiciales. Es el prólogo de la batalla que pretende librar el Supremo contra la amnistía una vez cuente con el aval del TC en unas semanas.

Frente al despliegue de diplomacia oscura para impedir que el catalán sea oficial, en el proceso instado por el Tribunal de Cuentas no ha aparecido la sombra del poder popular en Europa. El PP no es parte en la causa, pero tienen socios en 17 gobiernos de la UE. Todos se han inhibido, a pesar de poder presentar alegaciones.

A finales de abril, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Societat Civil Catalana habían presentado sus alegaciones y esperan una vista pública. También la Comisión Europea, que fija posición oficial por primera vez y lo hace, curiosamente, de la mano de un letrado español. No cree que se pueda sostener que los líderes independentistas pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE durante el procés . De hecho, lo considera una especulación que deja en manos del tribunal estatal.

El letrado de la Comisión alega que es una autoamnistía y va contra la separación de poderes

No obstante, el letrado sí realiza curiosas consideraciones políticas sobre la amnistía: cuestiona que responda a un objetivo de interés general; la califica de autoamnistía, ya que los votos de los beneficiarios –Junts y ERC– eran necesarios para su aprobación; cita el informe de la Comisión de Venecia para criticar que se tramitara por la vía de urgencia y sin una mayoría cualificada; denuncia que la ley carece de claridad en su ámbito de aplicación, y sostiene que imponer un plazo de aplicación de dos meses no es admisible y que ordenar la suspensión de las medidas cautelares –como la orden de detención contra Carles Puigdemont– antes de decidir si la amnistía es aplicable va en contra de la separación de poderes. Una enmienda que podría firmar el PP.

Los populares basan su oposición a Sánchez en las investigaciones judiciales abiertas contra su esposa, su hermano, el exministro Ábalos y el complot de Leire Díez. Y la reproduce en Europa con oportunismo cortoplacista. Lo hizo con el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta europea para tapar las vergüenzas de Carlos Mazón en Valencia, y esta semana, para frenar la oficialidad del catalán. Ni a Mazón lo absuelve la opinión pública ni Feijóo suma apoyos para su alternativa más allá de Vox.

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La ley de Amnistía es el siguiente objetivo europeo de la derecha que confirmará la incompatibilidad de PP y Junts . Durante la tramitación de la ley, Manfred Weber amenazó a Pedro Sánchez con una comisión de investigación y el comisario de Justicia, Didier Reynders, aseguró que estarían vigilantes en su aplicación. Un año después, se han cerrado 236 causas y otras 158 siguen abiertas, según Òmnium. Una de ellas es la del Tribunal de Cuentas. Es la causa silente, pero deja huella.