Sonada derrota para cerrar el curso político

El rechazo de sus socios al decreto para evitar apagones retrata la debilidad del Gobierno.

Quizá el único corolario posible del curso político era la sonada derrota parlamentaria que cosechó ayer el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso a cuenta del decreto de medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón masivo del pasado 28 de abril. El estallido del caso de presunta corrupción con las concesiones de obras públicas por el que se investiga a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, ambos nombrados por el presidente del Ejecutivo y de su máxima confianza, ha hecho que varios de sus socios parlamentarios traten de marcar distancias, dejando la "mayoría progresista" en descomposición.

Y la manera más eficaz de hacerlo es no respaldar, e incluso votar en contra de las iniciativas planteadas por el Gobierno a la Cámara, incluso si éstas cuentan con el aval de los sectores afectados, como era el caso del conocido como decreto antiapagones. Tras el rechazo parlamentario, han quedado en el aire inversiones de las compañías eléctricas en instalaciones renovables, despliegue de redes y proyectos para la descarbonización.

Los anuncios de Podemos, BNG y Junts durante el debate parlamentario de que votarían no al decreto hicieron que Moncloa buscara el respaldo a última hora del PP. Pero lo hizo tras haber estado tratando de vincular a la actual dirección del partido con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de que éste fuera imputado por un juez de Tarragona, acusado de aprovecharse de esa posición para modificar leyes en beneficio de las empresas que eran clientes de su antiguo despacho profesional. En esas circunstancias, y al considerar que Sánchez -ausente del último pleno de curso debido a su viaje a Chile, Uruguay y Paraguay- no ha ofrecido suficientes explicaciones por el caso Cerdán, los populares consideraron imposible dar aire al Ejecutivo.

La desautorización podría haber sido mayor si no hubiese retirado en los últimos días, ante la constatación de la falta de apoyos para sacarlos adelante, otros dos decretos clave que iban a ser sometidos al dictamen de las Cortes: el recorte de la jornada laboral promovido por Yolanda Díaz y la reforma del acceso a la carrera judicial y la fiscal que impulsa Félix Bolaños. El Gobierno, incapaz de aprobar los Presupuestos o cualquier iniciativa que no avalen los separatistas es rehén de los pactos con grupos radicales a los que sólo interesa su agenda rupturista, y víctima de la nociva polarización que ha promovido desde el inicio de la legislatura.