AR debate nueva política migratoria. Es la primera prueba parlamentaria para el Gobierno.

El Ejecutivo quiere cambiar las leyes de nacionalidad y extranjería y crear una Unidad de Extranjería y Fronteras en el PSP, medidas criticadas por la izquierda por inconstitucionales y que la extrema derecha quiere que se endurezcan, con varios diplomas en discusión.

La mayoría del PSD/CDS está disponible para discutir sus propuestas, buscando obtener el mayor consenso posible, habiendo tenido ya contactos con PS, IL y Chega para intentar asegurar la aprobación de sus diplomas.

La primera iniciativa legislativa del Gobierno que se debate hoy crea nuevos periodos de residencia para acceder a la nacionalidad portuguesa: cuatro años para apátridas, siete años para ciudadanos de países de lengua portuguesa y diez años para ciudadanos de otros terceros países.

En lugar de un año, el período mínimo de residencia para los padres que quieran naturalizar a un hijo nacido en Portugal es ahora de tres años, y el procedimiento ya no es automático, requiriendo una "declaración positiva de intención, que naturalmente deberá hacer el padre".

Además de los requisitos de conocimiento del idioma portugués, se exige ahora "el conocimiento, por parte del solicitante, de los derechos y deberes fundamentales asociados a la nacionalidad y a la organización política de la República" y "una declaración personal y solemne de adhesión a los principios fundamentales del Estado democrático de derecho, tal y como están constitucionalmente establecidos".

Estos cambios a la Ley de Nacionalidad plantean muchas dudas constitucionales porque el diploma tiene efectos retroactivos al 19 de junio (fecha de aprobación del programa de Gobierno) y porque prevé la retirada de la ciudadanía a los ciudadanos naturalizados, por razones legales.

En la enmienda propuesta, el Gobierno justifica el efecto retroactivo para atender las solicitudes masivas presentadas después de las elecciones legislativas.

En cuanto a la pérdida de la nacionalidad por naturalización, el diploma prevé un plazo de 10 años durante el cual el beneficiario podrá perder este derecho, "si incumple flagrantemente este compromiso, mediante la práctica de determinados delitos graves (y que están sujetos a una pena relativamente alta de cinco años, según las normas jurídicas portuguesas)".

Estos dos temas han provocado críticas de la oposición de izquierda y dudas de los constitucionalistas, y se espera que sean uno de los temas más relevantes del debate.

Otra propuesta del Gobierno es la creación de la Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras (UNEF) dentro de la PSP para hacer efectiva la expulsión de inmigrantes y garantizar el seguimiento de las nuevas medidas.

Después de que el PS y Chega rechazaran una ley similar en la pasada legislatura, la coalición de gobierno insiste en la medida, que reinstaura una unidad específica en la PSP, tras el fin del Servicio de Extranjería y Fronteras, en 2023, y sus funciones se distribuyeron entre la PSP, GNR, PJ y la entonces creada Agencia para la Integración, la Migración y el Asilo (AIMA), que pasó a ser responsable del retorno, un sistema, que, según el Gobierno, no funciona y no permite hacer cumplir las órdenes de expulsión de inmigrantes.

El tercer título en debate -la modificación de la ley de extranjería- impone nuevas condiciones a la reunificación familiar, y los solicitantes se verán afectados por las nuevas reglas de acceso a la ciudadanía.

El Gobierno indica que "los ciudadanos extranjeros sólo podrán solicitar" el trámite después de "dos años de residencia legal en Portugal, siendo admitidas las solicitudes de familiares que ya se encuentren en territorio nacional, siempre que sean menores de edad".

En la práctica, esta medida pospone por dos años las solicitudes de reunificación familiar de más de 300 mil inmigrantes que obtuvieron permisos de residencia, siguiendo la figura legal de manifestaciones de interés, recurso que permitió la regularización de quienes llegaron a Portugal con visado de turista.

Los únicos extranjeros que se benefician de este paquete legislativo son los inmigrantes altamente calificados, quienes ahora serán los únicos con acceso a visas de búsqueda de trabajo, y aquellos que poseen Permisos de Residencia por Inversión (las visas 'doradas'), quienes pueden solicitar la reunificación familiar sin la espera de dos años que otros tienen que esperar.

En el lado de la oposición, Chega, BE y PAN presentan alternativas a las propuestas del Gobierno sobre política migratoria.

Chega presenta cuatro diplomas con medidas aún más restrictivas, BE presenta tres y PAN dos, con proyectos más tolerantes.

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