Inmigración. La primera batalla del gobierno

Fue Luís Montenegro quien, tras las elecciones del 18 de mayo, anunció que el PSD, como partido clave en el nuevo marco político, se inclinaría más hacia la derecha o hacia la izquierda , dependiendo de los temas en discusión. El primer movimiento tendrá lugar este viernes, y todo apunta a que se inclinará hacia la derecha. Las propuestas sobre inmigración, que contemplan endurecer las normas de entrada y concesión de nacionalidad, son un tema central del discurso político de Chega y muy probablemente serán aprobadas por el partido de André Ventura, que se reunió con Luís Montenegro a última hora de la tarde del jueves para llegar a un acuerdo al respecto.

Una fuente gubernamental declaró a Nascer do SOL que «de ahora en adelante, la situación es así: hay un gobierno que gobierna y, dependiendo de las propuestas, los dos partidos (PS y Chega) se acercan o no» . La misma fuente señala que, a diferencia de la legislatura anterior, basta con que uno de los dos principales partidos de la oposición se abstenga para que se aprueben las propuestas del gobierno.

Al término del consejo de ministros, António Leitão Amaro, responsable de inmigración, expresó su confianza en la aprobación de la legislación que el Gobierno presentará al Parlamento y se mostró abierto a ajustes en el debate sobre los detalles. Previamente, los socialdemócratas, a través de Hugo Soares, ya habían rechazado la sugerencia del líder socialista de enviar las propuestas a la comisión, sin votación general. José Luís Carneiro, quien ya había expresado la oposición del PS a las propuestas de AD en su forma actual, intentó encontrar un punto medio sugiriendo que se pospusiera la votación para no quedar fuera del debate. La negativa inmediata del PSD frustró los esfuerzos socialistas y, al cierre de esta edición, el escenario sobre la mesa era que las propuestas del Ejecutivo se aprobarían con los votos de Chega y la Iniciativa Liberal.

Para Leitão Amaro, la votación de este viernes es una primera prueba para cada partido y para cada uno de los partidos mayoritarios . Para el ministro encargado de presentar las propuestas, este es un momento decisivo en materia de política migratoria, y los partidos deberán decidir si quieren preservar lo que queda de un período de flexibilización o contribuir a un cambio en la política vigente desde el año pasado. Esto definirá la postura que adopten finalmente, mostrando la postura de cada uno de estos partidos .

El compromiso de cambiar las normas de inmigración en Portugal se remonta a la legislatura anterior y fue el tema que el gobierno de Luís Montenegro intentó transmitir a los votantes de Chega desde el principio. Durante la campaña electoral, AD_ hizo de la inmigración un tema central, buscando mostrar los resultados del trabajo realizado durante los 11 meses de gobierno. Ahora, se trata de la iniciativa inaugural del Ejecutivo y probablemente el primer acuerdo entre Montenegro y André Ventura, en un momento en que el "no es no" debe necesariamente tener otras interpretaciones.

Las leyes pueden acabar en el Tribunal Constitucional

Las modificaciones propuestas por el Gobierno al régimen de reagrupación familiar y la ampliación de los plazos para acceder a la nacionalidad portuguesa son dos cuestiones que han suscitado dudas sobre su constitucionalidad.

En particular, en lo que respecta a la reunificación familiar, la propuesta excluye a profesionales altamente cualificados, titulares de visas doradas y titulares de la Tarjeta Azul de la UE. Según varias opiniones, los criterios para determinar quiénes están sujetos a las nuevas normas y quiénes están excluidos son inconstitucionales, ya que discriminan a las personas en función de sus ingresos.

En cuanto a las nuevas normas para las solicitudes de nacionalidad, las dudas sobre el cumplimiento de la ley fundamental se refieren a los plazos y su diferenciación en función del país de origen de los inmigrantes.

El argumento de que las propuestas son inconstitucionales es precisamente el que han utilizado los socialistas para justificar su oposición y es precisamente con el argumento de “disipar dudas sobre la constitucionalidad” que José Luís Carneiro solicitó que los diplomas fueran degradados a la especialidad sin votación.

Estas y otras dudas también rondan la mente del Presidente de la República, quien advierte que estará atento a las leyes que le lleguen al Palacio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa, quien lamentó haber sido llamado a hacer esta evaluación en un momento, lo admito, en el que imaginaba que mi vida sería más fácil al final de mi segundo mandato, comparte no solo algunas dudas constitucionales, sino también su preocupación por la mayoría que, en la Asamblea de la República, aprobará las nuevas leyes.

En declaraciones a la prensa esta semana, el presidente aseguró que prestará mucha atención a las cuestiones constitucionales en la legislación que se le presente. Según Marcelo, las nuevas leyes requerirán un análisis más detallado, incluso si se eliminan las inconformidades más obvias. El jefe de Estado, quien también es constitucionalista, admite que "probablemente no sean patentemente inconstitucionales" , pero eso, en su opinión, no invalida la necesidad de una evaluación por parte de los jueces del Palacio de Ratton. El presidente dice que esta es la única manera de evitar la posibilidad de que "cada tribunal pueda tener una interpretación diferente" . El presidente, quien aseguró que aún no ha leído las propuestas que el gobierno envió al Parlamento, no obstante plantea preguntas sobre los plazos establecidos para el acceso a la nacionalidad y la exclusión de algunos ciudadanos de las nuevas reglas para la reunificación familiar.

En las mismas declaraciones, Marcelo Rebelo de Sousa no descartó la posibilidad de un veto presidencial, dependiendo del resultado final de la legislación aprobada en São Bento. Además de las dos leyes sobre nacionalidad y reunificación familiar, también está sobre la mesa otra propuesta: la creación de una unidad de extranjería y fronteras dentro del PSP.

La propuesta se basa en una similar, presentada en la pasada legislatura y rechazada con el voto en contra de los socialistas y Chega. En aquel momento, el Gobierno no dudó en acusar a ambos partidos de colusión en un asunto de gran interés para el partido de André Ventura. La nueva unidad de la PSP propuesta por la AD se considera esencial para el control fronterizo, que, según el Ejecutivo, ha dejado de ser eficaz con la abolición del SEF.

Al parecer, esta vez la iniciativa debería salir adelante, sobre todo porque en las propuestas que presentó sobre inmigración, Chega también propone la creación de una entidad muy similar.

Al igual que con las otras dos propuestas, el Partido Socialista también se opone a la creación de esta nueva unidad. Fue durante la gestión de António Costa que se eliminó el Servicio de Extranjería y Fronteras, tras el caso de un ciudadano ucraniano asesinado en el aeropuerto de Lisboa a manos de esta entidad policial.

Aunque aún no era ministro del Interior —Eduardo Cabrita lo era—, José Luís Carneiro fue el ministro encargado de formalizar la disolución de la policía de fronteras. El ahora líder socialista sabe que aquellos tiempos serán recordados y utilizados en su contra, cuando convenga a Luís Montenegro y al Gobierno. De hecho, el argumento ya se esgrimió en el primer debate quincenal de la nueva legislatura, cuando Carneiro pidió la palabra para defender su honor. El nuevo secretario general socialista recordó que la decisión de disolver el SEF no había sido su responsabilidad y que solo le correspondía dar seguimiento a una decisión ya tomada.

Este viernes, el asunto no pasará desapercibido, ya que AD_a pretende aprovechar el argumento de que los socialistas dejaron al país sumido en el caos migratorio y que aún no han dejado atrás ese pasado. El debate sobre la nueva unidad de servicios y extranjeros será el tema central de una primera batalla parlamentaria en la que Montenegro optó por negociar por la derecha. El PS debería mantenerse al margen de este consenso.

700.000 solicitudes de nacionalidad pendientes

Al mismo tiempo, la situación en las oficinas de registro civil sigue siendo caótica. «Nos prometieron Ferraris, pero nos dieron chatarra para trabajar», declaró a Nascer do SOL el presidente del Sindicato de Trabajadores de Registro y Notariado (STRN), describiendo el colapso de los últimos años en los servicios, donde se acumulan actualmente «700.000 solicitudes de nacionalidad» . Según Arménio Maximino, alrededor del 30% de las solicitudes pendientes serán de naturalización de inmigrantes, otro 30% de descendientes de judíos sefardíes y el resto de personas de ascendencia portuguesa.

La cifra sigue creciendo, impulsada por la afluencia masiva a las oficinas del Registro Civil tras el anuncio del Gobierno de cambios a la Ley de Nacionalidad, que endurece las normas. Cientos de ciudadanos acudieron a las oficinas del Instituto del Registro y del Notariado la semana pasada para presentar solicitudes antes de la entrada en vigor de las nuevas medidas.

Aunque la STRN menciona la cifra de 700 mil solicitudes pendientes, el Gobierno y el IRN no han publicado cifras sobre el número de casos. Contactada por Nascer do SOL , una fuente del Ministerio de Justicia enfatizó que estas cifras no son oficiales y solo confirmó que se están verificando para su futura publicación, sin especificar plazos, e incluso haciendo referencia a la sobrecarga de servicios. Según Nascer do SOL , el Gobierno no quiere que la publicación de cifras oficiales sobre solicitudes de nacionalidad pendientes empañe el debate y la votación de las propuestas, este viernes, en la Asamblea de la República. Nuestro periódico ha solicitado esta información en las últimas semanas, sin respuesta hasta el momento.

Tras la presentación de varias solicitudes pendientes por parte del STRN, el Gobierno anunció el refuerzo de 11 asistentes técnicos: cuatro para el Registro Civil de Lisboa y siete para el Archivo Central de Oporto. Sin embargo, el líder sindical considera que se trata de una maniobra de distracción . Según Arménio Maximino, los asistentes técnicos carecen de las competencias necesarias para analizar o decidir sobre casos de nacionalidad . Maximino añade que el anuncio del Gobierno es un insulto a los trabajadores y una falta de respeto a la ciudadanía , que lleva años esperando una respuesta.

Los servicios del IRN aún tienen casos de 2021 por analizar. Ni la presentación por correo ni la plataforma informática —creada para la presentación electrónica de solicitudes y financiada por el PRR— han solucionado el problema. La herramienta digital está reservada para abogados y procuradores, lo que limita de inmediato el número de inmigrantes cuyos casos pueden tramitarse en línea. «Aunque todas las solicitudes se presentaran digitalmente, no tenemos a nadie que las tramite», añade el líder sindical. La situación se agrava aún más por los constantes fallos tecnológicos.

Para Arménio Maximino, la razón del "desastre" que afirma existe es la falta de personal cualificado: hay un déficit de 266 registradores y más de 1.800 oficiales de registro, según el sindicato. La mayoría de las vacantes abiertas en los últimos concursos no se han cubierto, lo que refleja el poco atractivo de las carreras, los salarios insuficientes, el envejecimiento del personal (la edad media ronda los 60 años), además de las condiciones degradadas, con oficinas de registro sin aire acondicionado.

Para el STRN, es urgente implementar un plan de contingencia que incluya un refuerzo efectivo del personal, desarrollo profesional e inversión en recursos técnicos. De lo contrario, existe el riesgo de que las oficinas de registro comiencen a cerrar, dejando a miles de ciudadanos con la vida en suspenso. El propio Archivo Central de Oporto ya ha tenido que cerrar su servicio presencial para procesar las solicitudes pendientes. Si los registradores y los funcionarios del registro están en ventanilla, no hay nadie que pueda avanzar con los procesos y se acumulan aún más casos pendientes.