Denuncian gobierno otorga decretos para pensiones sin justificación
Miembros de la Fuerza del Pueblo (FP) denunciaron este lunes que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha dispuesto, entre los años 2021 y 2024, un total de 318 decretos presidenciales para asignar pensiones especiales supuestamente sin justificación legal.
De acuerdo con una nota de prensa, esto favoreció a 11,007 personas, generando un compromiso financiero anual para el Estado dominicano que asciende a los 3 mil 925 millones de pesos.
Durante una rueda de prensa, Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido opositor, presentó un estudio detallado que analizó todas las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en el referido periodo, calificando la práctica como "abusiva", "discrecional" y "contraria al marco normativo".
"El Poder Ejecutivo no está autorizado a otorgar pensiones especiales por capricho, y sin embargo, esto es lo que está ocurriendo en la práctica", enfatizó Martínez, subrayando que se trata de una violación a la normativa vigente.
Impacto en las finanzas públicasEl documento sostiene que el monto destinado a estas pensiones sin sustento legal supera ampliamente el presupuesto asignado a varias instituciones clave del Estado.
Por ejemplo, el gasto supera lo que recibirá en 2025 el Ministerio de Trabajo, que cuenta con 3,023 millones, y también excede con holgura la asignación del Ministerio de Administración Pública, estimada en 2,714 millones. Incluso, es más del triple de lo presupuestado para el Ministerio de la Mujer, que apenas dispone de 1,254 millones, y quintuplica lo destinado al Ministerio de la Juventud, que recibirá 754 millones.
La magnitud del dispendio es aún más evidente cuando se compara con los recursos asignados a órganos constitucionales de alta relevancia. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene previsto un presupuesto de RD$1,900 millones para el próximo año, mientras que la Cámara de Cuentas apenas alcanza los 1,524 millones.
El informe presentado por la FP también revela que el monto destinado a estas pensiones sin sustento legal supera ampliamente el presupuesto asignado a varias instituciones clave del Estado.
Por ejemplo, el gasto en pensiones especiales es mayor que el presupuesto que recibirá en 2025 el Ministerio de Trabajo 3,023 millones o el Ministerio de Administración Pública 2,714 millones. Además, el gasto triplica lo asignado al Ministerio de la Mujer (1,254 millones) y quintuplica lo destinado al Ministerio de la Juventud que recibiría 754 millones.
En términos de órganos constitucionales de alta relevancia, el Tribunal Constitucional tiene un presupuesto de 1,900 millones para el próximo año, y la Cámara de Cuentas alcanzará los 1,524 millones, cifras inferiores al gasto destinado a las pensiones especiales.
"La magnitud del dispendio es aún más evidente cuando se compara con los recursos asignados a órganos constitucionales de alta relevancia. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene previsto un presupuesto de 1,900 millones para el próximo año, mientras que la Cámara de Cuentas apenas alcanza los 1,524 millones", señala la nota.
Asimismo, indica que el Tribunal Superior Electoral, con 1,193 millones, y la Oficina Nacional de Defensa Pública, con 836 millones, quedan también por debajo de los casi 4 mil millones destinados a estas pensiones. "Incluso el Defensor del Pueblo, pieza fundamental para garantizar los derechos ciudadanos, contará con solo 375 millones".
"La denuncia adquiere mayor gravedad al contrastar el gasto en pensiones especiales con programas sociales y de salud que impactan directamente en la vida de la población. Con el dinero destinado a estas pensiones, se podría financiar varias veces la detección y tratamiento del cáncer, que dispone de apenas 427 millones, o cubrir sobradamente la prevención y atención de la tuberculosis, cuyo presupuesto es de 235 millones. Incluso, se podrían ampliar los programas de prevención del VIH-SIDA, que cuentan con 1,737 millones, y los planes de alfabetización en el nivel primario, que suman 1,832 millones", indica el partido en la nota.
Asimismo, sostiene que esta cifra supera con amplitud los fondos asignados a la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas, que apenas llegan a 1,052 millones, y los esfuerzos de salud materno-neonatal, que reciben 2,180 millones.
Además, de que supuestamente rebasa los recursos destinados a proyectos esenciales para la seguridad alimentaria, como el fomento de la producción agrícola, presupuestado en 2,452 millones, y el desarrollo de infraestructura vial, que tiene asignados 3,547 millones, situando este gasto discrecional por encima de obras estratégicas para la movilidad y el desarrollo económico.
"Estamos ante un desorden fiscal disfrazado de política social, que crea privilegios irritantes y compromete recursos que deberían destinarse a sectores prioritarios", denunció Martínez, advirtiendo que esta práctica no solo representa una amenaza para la sostenibilidad financiera del país, sino que refleja un preocupante orden de prioridades por parte del Gobierno.
Exigen explicaciónEl dirigente de la FP señaló, además, que los decretos que otorgan estas pensiones revelan un marcado tinte político. "En muchos casos, estas pensiones se conceden por solicitud expresa de dirigentes del PRM.
Finalmente, la Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno explicar los criterios utilizados para otorgar estas pensiones, detener la práctica y rendir cuentas sobre el manejo de estos recursos.
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