México propone impuesto del 8% a videojuegos violentos y enciende alarma global
Hablar del precio de los videojuegos es siempre un tema sensible. Jugadores y estudiosos de la industria saben que cualquier incremento genera reacciones inmediatas. Ahora, México se ha convertido en el foco de atención mundial tras anunciar una medida inédita: un impuesto del 8% a los videojuegos violentos como parte del Paquete Económico 2026.
El plan, presentado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, busca incluir a los videojuegos dentro de los llamados “Impuestos Saludables”, junto con bebidas azucaradas y tabaco.
La justificación oficial: “desincentivar el consumo de títulos violentos por su supuesto impacto en la salud y la seguridad”.
De aprobarse, franquicias como Battlefield, Mortal Kombat o DOOM verían un aumento inmediato en su precio. El impuesto aplicaría tanto a formatos físicos como digitales e incluso a los servicios de juegos en línea.
La Secretaría de Hacienda calcula que con este gravamen podría recaudar hasta 183 millones de pesos, destinados a salud pública. Sin embargo, la comunidad gamer ya lo considera una estrategia recaudatoria que podría encarecer los precios de los videojuegos en todo el mundo si otros países siguen el ejemplo.
Sheinbaum explicó que “no se trata de prohibir, sino de inhibir el consumo de videojuegos violentos”.
Sus palabras recordaron a los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2021, cuando acusó a los videojuegos de promover violencia, racismo y delincuencia entre los jóvenes.
Este discurso, que apunta a los videojuegos como “chivo expiatorio”, genera preocupación. Para muchos, es un intento de desviar la atención de los problemas reales de delincuencia en el país.
La evidencia científica señala lo contrario. Estudios internacionales han demostrado que no existe correlación directa entre jugar Call of Duty, GTA u otros títulos violentos y un aumento en la delincuencia.
Si así fuera, cada lanzamiento de estas sagas provocaría un incremento inmediato en los delitos, algo que jamás ha ocurrido. México ya cuenta con sistemas de clasificación que permiten regular el acceso de los menores, lo que vuelve aún más polémica esta propuesta.
Más allá de México, el mayor temor es que este impuesto a videojuegos violentos sirva como precedente en otros países. Si gobiernos de Europa o América Latina lo adoptan, los precios podrían dispararse y dañar a toda la industria.
Los jugadores ya han bautizado la medida como “la peor idea posible”, porque amenaza con cambiar las reglas de un mercado donde cada peso cuenta.
La Verdad Yucatán
