El Gobierno nacional ajustará los subsidios de la Zona Fría: más de 150.000 usuarios perderán beneficios

El Gobierno nacional avanzará con un nuevo recorte en el régimen de subsidios energéticos. Esta vez, la medida alcanzará a más de 150.000 usuarios del programa Zona Fría, que hasta ahora gozaban de un descuento del 50% en sus facturas de gas natural y que, tras detectarse inconsistencias, verán reducido ese beneficio al 30%.

La decisión se conoce pocos días después de que se diera de baja la asistencia energética para 15.500 usuarios de Puerto Madero, barrios cerrados y clubes de campo, donde se habían registrado declaraciones de ingresos que el Ejecutivo consideró incompatibles con las condiciones del subsidio.

Según la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, se hallaron 370.000 cuentas a nombre de unos 150.000 titulares que accedían al régimen de Zona Fría, pero que poseían múltiples medidores, una condición que para el Gobierno invalida la categoría de “vulnerabilidad”.

El ajuste se enmarca en la política oficial de reducir los subsidios energéticos para promover eficiencia y eliminar beneficios injustificados. Según estimaciones oficiales, el recorte en Puerto Madero y barrios de alto poder adquisitivo significará un ahorro de más de $3.000 millones para las arcas públicas. El recorte en Zona Fría podría implicar otro ahorro significativo, aún no cuantificado oficialmente.

Creado en 2002 por la Ley N° 25.565, el régimen subsidia el gas en regiones de temperaturas más bajas, principalmente la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza). En 2021, fue ampliado por la Ley N° 27.637 a 231 departamentos de todo el país, alcanzando a 4,3 millones de usuarios.

El esquema distingue entre usuarios genéricos (30% de subsidio) y personas consideradas vulnerables (50%). Sin embargo, el sistema se financia con un recargo aplicado sobre el precio mayorista del gas (PIST), lo que significa que todos los usuarios del país pagan indirectamente el beneficio, sin requerir fondos del Tesoro Nacional.

Uno de los ejes centrales del ajuste es la detección de consumos elevados en la región sur, que no se explican únicamente por el clima. Según un estudio citado por la propia Secretaría de Energía, a cargo del especialista Salvador Gil, el 9% de los usuarios del sur del país consume el 29% del gas residencial nacional. De acuerdo con su análisis, las condiciones climáticas sólo justificarían un 18%, y el exceso se debe a subsidios que fomentan el derroche.

“Los subsidios generalizados promueven el consumo y desincentivan la eficiencia”, aseguró Gil, profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Comparando con ciudades europeas de clima similar, los hogares del sur argentino consumen hasta cuatro veces más gas para calefaccionarse.

El decreto 465/23, prorrogado por Tettamanti hasta el 31 de mayo de este año, habilita al Ejecutivo a revisar y ajustar los regímenes de subsidios con el fin de “trasladar los costos reales de la energía” y asegurar la asistencia solo a los sectores más vulnerables.

La medida se alinea con una serie de reformas impulsadas por el Gobierno para reordenar el esquema de tarifas y subsidios. Según un informe reciente del UBA-Conicet, en el último año se registró una reducción del 77% en los subsidios energéticos y del 68% en el gasto total en subsidios.

El reporte también refleja que los usuarios, en promedio, cubren hoy apenas el 50% del costo del gas natural. Aún con las nuevas tarifas, los datos muestran que la Canasta de Servicios Públicos (gas, luz, transporte) subió 500% desde diciembre, frente a una inflación acumulada del 149%, lo que indica que todavía hay precios relativos que ajustar.

La política actual representa un giro radical respecto del enfoque kirchnerista. Aunque en 2007 Cristina Kirchner firmó un decreto que declaraba “de interés nacional el uso racional de la energía”, durante su gestión se profundizó el esquema de subsidios generalizados.

Entre 2008 y 2022, el país gastó cerca de USD 200.000 millones en subsidios energéticos y en la importación de gas y combustibles. En contraste, países como Uruguay optaron por fomentar el ahorro energético e invertir en renovables, alcanzando hoy uno de los niveles más altos de energía limpia del mundo.

Con el ajuste a los subsidios de Zona Fría, el Gobierno busca corregir distorsiones históricas, bajar el gasto público sin cortar de lleno la asistencia a quienes realmente la necesitan, y avanzar en una matriz energética más eficiente.

Tettamanti, al frente de la estrategia, sostiene que es posible consumir menos sin perder calidad de vida, simplemente eliminando los incentivos que promueven el derroche. El desafío, ahora, será lograr ese equilibrio sin generar una crisis social en las regiones afectadas por los recortes.