El PSD “monitoreará los avances legislativos” para convertir la violación en delito público

El partido PSD anunció hoy que "seguirá de cerca los avances legislativos" previstos en varios proyectos de ley para convertir la violación en un delito público, pero destacó que este cambio debe salvaguardar la voluntad de la víctima.

"Es con este legado que hoy acompañamos este desarrollo legislativo", afirmó la diputada socialdemócrata Eva Brás Pinho en el debate sobre la legislación presentada por el Bloque de Izquierda, los partidos PAN, Chega y Livre para permitir que cualquier persona, no solo la víctima, pueda denunciar un delito de violación.

Los proyectos de ley serán votados en términos generales el viernes y, de ser aprobados, implicarán cambios en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, así como en el estatuto de la víctima.

En el debate promovido por el Bloque de Izquierda, Eva Brás Pinho afirmó que el silencio de la víctima suele estar impuesto por el trauma vivido y el miedo a represalias del agresor, y no por su libre voluntad. Sin embargo, enfatizó que la protección de su identidad, el respeto a la privacidad y la prevención de la revictimización deben ser el último recurso ante cualquier cambio legislativo.

“Es papel del Estado garantizar que la justicia no se limite a las víctimas que denuncian”, argumentó el parlamentario socialdemócrata.

Al presentar su propuesta, Mariana Mortágua afirmó que "hay un camino para el diálogo" en el debate parlamentario sobre este asunto y reconoció que las preocupaciones de los opositores a la enmienda son justificadas, pero destacó que el Bloque de Izquierda también quiere salvaguardar la privacidad y la autonomía de las víctimas.

“El cambio no elimina el secreto judicial ni impone la participación de la víctima en el proceso, simplemente la libera de la carga de la denuncia”, explicó.

Para Cristina Rodrigues, la propuesta de Chega "es simple" y pretende tornar público el delito de violación, previendo también, teniendo en cuenta que las víctimas pueden querer preservar su privacidad, la suspensión provisional del proceso, así como el suministro de declaraciones para futura referencia, a petición suya.

La diputada panista Inês de Sousa Real justificó su proyecto de ley, que amplía los plazos para denunciar e investigar, diciendo que es "hora de que la vergüenza cambie de bando y acabe la violencia contra las mujeres".

En declaraciones a Livre, Isabel Mendes Lopes consideró injusto exigir a las víctimas el esfuerzo de presentar una denuncia y afirmó que estar de su lado implica "garantizar que no sean ellas las que inicien el proceso", sino establecer garantías que les permitan tomar decisiones sobre el proceso del que forman parte.

Tras destacar el consenso parlamentario sobre la gravedad del delito de violación, la diputada socialista Isabel Moreira advirtió que más denuncias no significan más condenas.

“Más denuncias, sin condenas, serán una violación más a las víctimas, un premio a los agresores y un desastre para el sistema de justicia penal”, argumentó el parlamentario del Partido Socialista, quien pidió a los diputados tener esto presente durante este proceso legislativo.

En la misma línea, Paula Santos, del PCP, también advirtió que a los interesados ​​no les preocupa la gravedad del delito de violación, sino saber qué protege mejor los derechos de la víctima, punto en el que la bancada comunista tiene reservas.

“Hoy en día la violencia doméstica es un delito público y, lamentablemente, muchos casos se desestiman por falta de pruebas o por desistimiento de la víctima”, afirmó.

Rui Rocha enfatizó que este asunto debe ser tratado con equilibrio y consideración y que, en el análisis realizado por la Iniciativa Liberal, considera que "hacer público este crimen es el camino a seguir".

João Almeida dijo que los diputados del CDS-PP apoyarán el cambio legislativo para permitir que la violación sea un delito público, reconociendo que el partido ha evolucionado su posición sobre este tema a lo largo de los años.