Así afectará la Hacienda propia a los catalanes: podrán elegir a quién declaran el IRPF en 2026

En una primera fase, la declaración del IRPF se podrá mandar a una de las dos Haciendas, que intercambiarán información. El trámite podrá hacerse también con el certificado digital de la Generalitat.

Los contribuyentes catalanes ya notarán en 2026 el acuerdo que este lunes han alcanzado el Gobierno y la Generalitat sobre el modelo de financiación "bilateral", y que tiene como principal baza la Hacienda propia.

Cataluña cuenta con una estructura tributaria desde 2006, que recauda e inspecciona tributos propios y cedidos. Sus ingresos se sitúan en torno a los 5.000 millones de euros anuales, frente a los 30.000 millones que ingresa la Agencia Tributaria del Estado únicamente con el IRPF.

En medios, la diferencia también es abismal, ya sea por los equipos informáticos que permiten luchar contra el fraude, y muy especialmente, en personal. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) emplea a alrededor de 850 personas, y la previsión es que en breve supere el umbral de las mil personas con las convocatorias de empleo público que están en marcha. En cualquier caso, este dato contrasta con los 4.200 trabajadores de Hacienda en Cataluña.

El acuerdo no dice nada sobre qué pasará con los inspectores de Hacienda, claves en toda esta cuestión. Fía los detalles del nuevo sistema y los engranajes a un grupo de trabajo entre los dos Ejecutivos.

Sí que se sabe cómo se irá preparando la Hacienda catalana para ganar funciones. En la próxima campaña del IRPF, correspondiente este año y que se liquidará en 2026, el acuerdo prevé que los contribuyentes catalanes podrán elegir si remiten su declaración a la Agencia Tributaria o a la ATC.

Así, "se impulsarán los cambios necesarios" para hacer posible la presentación de declaraciones, y que también "se posibilite en esta presentación el uso del certificado digital establecido por la Generalitat (IdCAT)", dice el acuerdo rubricado por los dos Ejecutivos.

Tras esta experiencia, el objetivo es "poder avanzando progresivamente, siempre que el marco legal lo permita", e ir incorporando otras competencias. Entre ellas, "la comprobación de la correcta aplicación de la normativa autonómica y, en especial, de las deducciones aprobadas por el Parlament".

En todo lo relativo al IRPF, los dos Ejecutivos abren la puerta a extender el acuerdo que a principios de año alcanzaron para gestionar de forma compartida la recaudación del Impuesto de Matriculaciones, y que aún debe materializarse.