Colombianos viven un momento difícil en la búsqueda de más de 200.000 personas desaparecidas

Buenaventura es una ciudad portuaria en la costa pacífica colombiana , como muchas otras en Sudamérica . El agua del mar es fría. El almuerzo se acompaña de excelentes mariscos. La gran mayoría de la población es negra.

La riqueza de las mercancías que llegan al puerto más grande del país no se retiene allí. Se evapora, al igual que la población joven que, para escapar de la pobreza y la inseguridad urbana, se dirige a la gran ciudad más cercana: Cali, la tierra de la salsa.

El clima violento de la ciudad ha causado estragos en sus 430.000 habitantes. De un pueblo con generaciones de familias de pescadores, Buenaventura se ha convertido en un lugar donde las historias de asesinatos y desapariciones llenan las casas, muchas de las cuales están construidas sobre pilotes.

Es difícil encontrar a alguien que no haya perdido al menos a un familiar o amigo, síntoma de un dolor nacional. Las cifras oficiales indican que al menos 127.000 personas han estado desaparecidas en Colombia desde la década de 1980. Pero la cifra real, según las autoridades y las proyecciones estadísticas, supera las 200.000.

Son historias entrelazadas con los conflictos armados que permearon el país durante más de seis décadas y que no han remitido del todo, incluso después del histórico acuerdo de paz de 2016 .

Las desapariciones se atribuyen a grupos guerrilleros como las FARC, paramilitares y al propio Estado: un cálculo complejo que no admite un solo culpable. También se atribuyen a pandillas urbanas, algunas de ellas creadas tras la desmovilización de guerrillas y milicianos. Buenaventura es un territorio en disputa entre los Shottas y los Espartanos. En medio, la población.

El mar que rodea la ciudad nunca ha sido amigo de Edilma Castro, de 70 años. Las intensas olas del Pacífico, que ya no agradaban a la colombiana, adquirieron un tono de luto en 2007, cuando desapareció su hijo, Alex Mauricio, un estudiante de administración de empresas de 22 años. Edilma dice creer que su cuerpo está en el mar. «Desde ese año, comenzó mi tortura. Este mar es un cementerio».

El paradero de Alex permanece desconocido desde hace casi 20 años. Un día, el hijo de Edilma recibió una llamada y tuvo que irse, pero antes le pidió que le preparara su merienda favorita —pan con mantequilla y café con leche— para cuando regresara. La comida se enfrió en la mesa. Horas después, la novia de Alex fue a casa de Edilma para contarle que lo habían asesinado y que su cuerpo había sido desmembrado y arrojado al océano.

El estero de San Antonio, la conexión de Buenaventura con el mar, es el cementerio al que se refiere Edilma. En las últimas décadas, el lugar se ha utilizado para depositar cadáveres que los grupos armados quieren ocultar. La zona pantanosa, repleta de manglares, donde las mujeres se ganan la vida recolectando pianguas, pequeños y deliciosos moluscos nativos, presenta mareas que suben y bajan a diario, una condición ambiental que acelera la degradación de los cuerpos.

En los últimos años, especialmente tras el acuerdo de paz de 2016, se han llevado a cabo búsquedas en la región. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una agencia nacional creada tras el acuerdo, estima que al menos 190 cuerpos han sido arrojados al estuario.

Mujeres como Edilma son quienes lideran, en gran medida, la búsqueda de las decenas de miles de personas desaparecidas en el conflicto armado colombiano, junto con el Estado y organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Representan al menos el 60% de los llamados buscadores. La mayoría también son personas negras.

Elsy Adriana Delgado, de 58 años, busca a su hijo desde 1999. El mar, que para Edilma se convirtió en una especie de certificado de defunción, representó una vez una esperanza para esta madre. Su hijo, Jesús, un niño aficionado al fútbol, desapareció en 1999 a los 14 años. Ella es la única de la familia que aún lo busca.

Al principio, Elsy pensó que Jesús podría haberse unido a las filas de los llamados polizontes, los jóvenes que se escondieron en un barco en el puerto de Buenaventura en un intento de llegar a Estados Unidos y alcanzar el "sueño americano".

Pero pocos días antes de su desaparición, Jesús se había presentado en su casa con una escopeta, lo que también lleva a la familia a creer que el adolescente podría haber sido otra persona reclutada a la fuerza por un grupo armado. Lo único que queda es la duda.

Edilma y Elsy no han recibido buenas respuestas del gobierno en la búsqueda de sus hijos, pero no se han dado por vencidas.

“La búsqueda de personas reportadas como desaparecidas se ha convertido en una actividad netamente asistencial y, por lo tanto, feminizada”, dijo a periodistas la directora de la Unidad de Búsqueda, doctora Luz Janeth Forero Martínez, en la sede del organismo en Bogotá .

La violencia y la guerra en Colombia siempre han afectado desproporcionadamente a las mujeres, por ejemplo, a través de la violencia sexual y el desalojo de sus hogares. En cuanto a las desapariciones, las mujeres son mucho más visibles en la búsqueda de los hombres, mientras que estos no se esfuerzan tanto ni toman medidas tan continuas y resilientes en la búsqueda de las mujeres desaparecidas.

El pico de desapariciones forzadas se produjo precisamente durante el período en que desaparecieron los hijos de estas dos colombianas, Edilma y Elsy, entre la segunda mitad de la década de 1990 y la primera mitad de la década de 2000. Más de 7.700 personas fueron reportadas como desaparecidas solo en 2002, un año récord. Fue el punto álgido del conflicto entre la guerrilla y los paramilitares, estos últimos perpetradores de asesinatos selectivos y responsables de más del 50 % de las desapariciones, según la Comisión Nacional de la Verdad.

El delicado acuerdo de paz firmado en 2016, como se preveía, cambió la realidad y la dinámica del conflicto. Pero no lo puso fin por completo. Las negociaciones continúan, con constantes intercambios entre el gobierno y los disidentes de los grupos más numerosos ya desmovilizados.

Los recientes episodios de violencia en el país, desde el intento de asesinato del candidato presidencial y senador Miguel Uribe hasta las explosiones de coches bomba en el Cauca , dan testimonio de ello.

Aunque a menor escala, las desapariciones siguen ocurriendo. Desde 2016 hasta la fecha, el Comité de la Cruz Roja en el país ha documentado 1.929 casos de desapariciones, el 81% de los cuales fueron de civiles, incluyendo más de 380 menores.

Muchos murieron en situaciones violentas y se desconoce su paradero, pero también hay quienes fueron reclutados, a la fuerza o de otra manera, y no pudieron comunicarse con sus familias. El silencio y la duda dejan cicatrices invisibles y no tienen fin a la vista.